El 2019 comienza con una nueva tesis jurídica en el departamento, muy novedosa y bastante particular, y es que de ahora en adelante los fallos del Consejo de Estado aquí no se cumplen. Así es, recientemente la justicia administrativa declaró nulo el cobro de la estampilla fronteriza que se paga cada vez que viajamos por el aeropuerto a cualquier destino, y sin embargo la administración departamental acaba de anunciar que la seguirá cobrando. Una primera hipótesis que tengo frente a semejante planteamiento, es que es muy probable que ahora en las fiestas navideñas que pasaron, algunos funcionarios del departamento tomaron tanto wisky y se divirtieron tanto, que creen que este año el Norte de Santander hace parte de Venezuela y no de Colombia, y por ello, al estilo Maduro, los fallos del Consejo de Estado de ahora en adelante no se cumplen.
La historia es sencilla. La Ordenanza 010 de 2008 creó una estampilla para Desarrollo fronterizo que hasta ingenuamente – lo que se recauda es como una caja menor, sin mayores controles - prescribió que sus recaudos se destinarán para las inversiones que estén señaladas en el Plan de Desarrollo. El señor Fernando Núñez, un ciudadano cuidadoso y estudioso la analizó y encontró algún argumento consistente para demandarla, y después de 8 años de trámite del proceso, el Consejo de Estado le dio la razón y declaró nulo el cobro de la estampilla. El argumento de la Gobernación para desconocer el fallo es folclórico y sinuoso: “ la norma fue derogada a través de la Ordenanza 10 del 21 de septiembre de 2018, y como ese estatuto tributatario no fue objeto de estudio por parte del Consejo de Estado, el cobro seguirá vigente”.
Ese si es un argumento del doctor Mata, y desconozco si por estos días de pronto de turismo por la ciudad el legendario abogado fuera consultado por la Gobernación en este tema, pero de entrada ese argumento pretende pasar de manera olímpica la prescripción del artículo 158 del Código Administrativo, que prohibe a las autoridades la reproducción de cualquier acto que la justicia administrativa haya anulado o suspendido si en esencia conserva la misma disposición que quedó sin efecto.
La anterior prescripción es apenas lógica y razonable, porque de ser cierto el argumento de la gobernación para seguir cobrando la estampilla, le sería muy fácil a una administración que sabe que un acto suyo ha sido demandado, al otro día, derogarlo y volverlo a crear con otra ordenanza o decreto, le cambian el número y el nombre, y la burla a la justicia sería un juego de niños. Eso sería parecido, como si el señor Guido Nulle, que pasó sonriente y relajado el fin de año en Cartagena – con 60 mil millones en sus cuentas que desde luego no ha devuelto -, una vez enterado que la fiscalía le hubiere iniciado un proceso por el carrusel de la contratación, va ante un juez municipal, se cambia de nombre en menos de un mes, y después ya llamándose Rafaelito Nulle, excepciona y le solicita a la fiscalía que le archive su caso porque el proceso es contra Guido, y como dice la cancion, “Ese no es él”. Que maravilla de país en momentos en que la gente marcha para pedirle la renuncia al Fiscal General de la Nación.
Así es, la pobre estampilla prodesarrollo fronterizo que en su origen tuvo un buen propósito, ha sido vilipendiada. El tema se complica aún más, porque el cobro de aquí en adelante de la estampilla se convierte en un cobro delictuoso, como quiera que el Código penal prescribe la figura del Fraude a resolución judicial, consistente en que el que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de una decision judicial, incurrirá en una sanción. Lo más prudente es que la gobernación deje de manera inmediata de cobrar esa estampilla, y al doctor Mata que los asesoró, si todavía está por aquí de vacaciones, que se lo manden mejor lo más pronto a Maduro para que lo defienda con otra leguleyada de esas ante la comunidad internacional.
