Esta semana se conoció el informe definitivo sobre Colombia correspondiente al 2020 del Simci de Naciones Unidas. Ratifica lo anunciado hace unas semanas: por tercer año consecutivo se han reducido los cultivos de coca hasta llegar a 143.000 hectáreas, después de haber alcanzado en el 2017 las 171.000 has, su máximo histórico. Al mismo tiempo, la reducción es inocua porque la producción de cocaína aumentó un 8% hasta las 1.228 toneladas, más que nunca.
Los datos dejan varias conclusiones: la primera, que la nueva estrategia sobre narcotráfico pactada entre Santos y las Farc es un fracaso rotundo. Es un hecho que demuestran las cifras. El primer reporte de Simci, del 2001, mostraba 137.000 has en Colombia. Para el 2013 habíamos dejado de ser el principal productor de coca y el país con más narcocultivos del planeta: teníamos solo 48.000 has de coca y se producían 290 toneladas de cocaína. El punto de inflexión de la curva de descenso fue el 2014, año de la firma del componente de narcotráfico con las Farc. Desde entonces los narcocultivos y la producción de cocaína se dispararon. Santos y los negociadores vendieron el acuerdo como la panacea, un “cambio de paradigma” en la lucha contra el narcotráfico. Pues bien, el “histórico nuevo enfoque”, como también lo llamaron, ha resultado un desastre.
La segunda es que ese fracaso tiene al menos tres causas. Una, el sistema de transferencias monetarias a los narcocultivadores, implementado en el marco del proceso con las Farc. En lugar de contribuir con la caída de los narcocultivos es un incentivo perverso para que aumenten. Vulnera el principio de igualdad frente a la ley para premiar a los cultivadores ilícitos e invita al campesino legal a pasarse a la coca. Dos, el incumplimiento absoluto y total por parte de las Farc de sus obligaciones en el pacto en materia de narcotráfico y de colaborar con el Estado en esta lucha. De hecho, no solo no se desmovilizaron los frentes principales involucrados en el negocio (las “disidencias”) sino que incluso el jefe negociador en La Habana, Iván Márquez, está echando de nuevo bala por cuenta del narco (las “reincidencias”). Tres, la Fuerza Pública empezó operar sobre la idea equivocada de que llegaba “el fin del conflicto” y el Estado no logró controlar el grueso de las áreas de desmovilización.
Tercera, que la erradicación manual voluntaria viene en picada. Cayó de 6.765 has en 2019 a apenas 702 has el año pasado, un 90% menos. Son muchas las cosas que no funcionan bien en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Lo cierto es que el presupuesto del año pasado fue 1.331 billones de pesos y los resultados, están a la vista, son pobrísimos.
Por otro lado, cuarta, la violencia homicida viene concentrándose donde se están implementando los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el PNIS. Entre julio de 2019 y junio de 2020, la tasa de homicidios en los municipios PDET fue de 44,3 por cada 100 mil habitantes y en los municipios PNIS fue de 57,9 muertes cada 100 mil habitantes. Mayores un 190% y 259% respectivamente que el promedio nacional.
Finalmente, no hay duda de que se requiere de una nueva estrategia amplia e integral para quebrarle el espinazo al narcotráfico. La de Santos y las Farc fracasó estruendosamente. En esa estrategia es indispensable recuperar la aspersión aérea con glifosato. Aunque no basta con la aspersión aérea, sin ella no se va a ningún lado. Después tres años de anuncios gubernamentales, nada de nada.
