De conformidad con la Ley 1885 del 2018, el Gobierno Nacional, convocó para el pasado 5 de diciembre, a los jóvenes entre los 14 y 28 para que eligieran democráticamente los Consejos Municipales de Juventud. 

Los mencionados consejos, dentro de sus funciones, se destacan, el ejercicio de veedurías y control social a los planes de desarrollo, políticas públicas de juventud y a la ejecución de las agendas territoriales de las juventudes, así como a los programas y proyectos desarrollados para los jóvenes por parte de las entidades públicas del orden territorial.

De un censo de 12’282.274 jóvenes habilitados para sufragar, solo lo hicieron 1’200.000 que en términos de porcentaje representan un 10.42%, de participación. ¿Resultado? Fracaso absoluto, así el gobierno manifieste que fue un éxito ¡Pamplinas!

Pero lo más triste de esto, no es la escasa o casi nula participación de los jóvenes en la contienda, sino el despilfarro de 200.000 millones de pesos que costó la logística, en una época de pandemia donde con esos dineros y los muchos que despilfarra el gobierno nacional, hubiesen servido para mitigar muchas de las necesidades de los colombianos azotados por la pobreza extrema. 

Se pifió el señor Iván Duque, al convocar a las elecciones de los consejos de juventudes, creyendo que de esta forma calmaba el descontento de los jóvenes que masivamente participaron en las pasadas protestas ciudadanas.

Y una forma de demostrarlo, se evidenció en la soledad que imperó durante toda la jornada electoral, donde el aburrimiento de los jurados de mesas de votación, fue la nota predominante. 

Totalmente de acuerdo estamos con el rechazo juvenil a participar en unas votaciones que en la práctica no representaba absolutamente nada que mejorara su situación, económica, social o representara una participación efectiva en la elaboración de políticas públicas en favor de la juventud. No, la mencionada ley que da vida a los consejos de juventud, no tiene unas funciones efectivas de participación, salvo la de veedores que ya está consagrada en la ley 850 de 2003 y no han servido absolutamente para nada, como lo manifestara el colega Arturo Melo en su pasada columna. En resumen, como lo interpretaron los jóvenes al no participar en la pantomima de ley al considerar que ésta, la ley, era un saludo a la bandera.

Si por lo menos, la ley les hubiese concedido facultades, a los Consejos de Juventud para tener iniciativa en la presentación de proyectos de ley, ordenanzas o acuerdos municipales y distritales, así no tuvieran derecho a voto, pero si a participar en los debates, otro gallo cantaría. 

Se equivocó de paleta el gobierno, los jóvenes no comieron cuento a los cantos de sirena. 

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