Los colombianos asistimos a las urnas en un momento crítico. El país cambió de signo político con una trama social y territorial sacudida por mutaciones profundas: el desplazamiento interno, economías extractivas que resquebrajan el entorno natural, la persistencia de economías ilícitas y la emergencia de actores armados con nuevas estrategias. 

A lo largo de su historia, Colombia ha tenido partidos y pactos que han intentado domar la violencia, y sin embargo la paz es efímera o no ha estado garantizada ni la seguridad ha sido un bien inexorable. La coexistencia simultánea de libertad, inserción en los mercados globales y la fragilidad social siguen siendo grandes desafíos en medio de la decisión que exige conciencia y no complacencia.

La diferencia del 0,96% representada en 251.854 votos han puesto de manifiesto una fractura social que va más allá de los bandos habituales: es la brecha entre quienes piden orden y mano dura y quienes reclaman justicia social y reconciliación; entre territorios que reclaman al gobierno central como proveedor de soluciones y regiones que exigen reconocimiento y autonomía.

El giro hacia la derecha en medio de un país dividido genera incertidumbre en cuanto a la repercusión en los territorios con escasos recursos y capacidad institucional y las necesarias reformas para saldar la deuda heredada y su impacto en los municipios de escasa competitividad que condicionaría la calidad de vida y los entornos urbanos.

La responsabilidad del nuevo presidente tanto para el 49,66 % de quienes votaron por él y “en contra” del 48,70 % que dejó de temer a la amenaza comunista en busca de la continuidad, es doble: contener la espiral del conflicto, desmantelar las redes criminales y a su vez proteger a las comunidades más vulnerables y, simultáneamente, impulsar reformas que reduzcan las desigualdades estructurales que alimentan la violencia.

Si se opta únicamente por la militarización y la vía armada sin acompañarla de políticas sociales, de verdad democrática y de inversión pública, la paz seguirá siendo un bien y un derecho lejano.

Renovar para lograr la Colombia Patria Milagro va más allá de triunfar con retórica; exige acuerdos difíciles, reconocimiento de culpas por ambos bandos, reparto del poder y financiación sostenida para la educación, la salud y la infraestructura rural, pero también movilizaciones en contra de los actores que generan violencia tanto desde la institucionalidad como desde la reconocida criminalidad rural y urbana, lo cual requiere paciencia y valentía política.

Los resultados abren un tiempo de incertidumbres, pero también de oportunidades. Como colombianos debemos conocer nuestra realidad e historia y aprender que ha pasado tanto con las apuestas por un ídolo mediático como con la izquierda en el poder y conocer las heridas y fracturas sin maquillaje y construir la institucionalidad que asegure los derechos fundamentales.

Porque al fin y al cabo ciudadanos buscando un bienestar común, nuestra responsabilidad más allá del voto y depositar absoluta confianza en un presidente, corresponde exigir el tránsito progresivo de la fragmentación social a la materialización colectiva de los derechos, lo que requiere líderes que prescindan del histrionismo y la vanidad para asumir la tarea humilde y compleja de gobernar para la totalidad, conscientes de que la paz no es un decreto sino el resultado de decisiones acumuladas. Y para aclarar, si el triunfo fuera otro, desde este espacio haría un llamado más fuerte.

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