La acumulación de problemas de inocultable gravedad en el país y la desigualdad que afecta a la sociedad en su conjunto lleva a la conclusión de la recurrencia de gobiernos fallidos en Colombia. Los que han trazado cambios correctivos no han tenido continuidad, porque los intereses de clase y el conservadurismo intransigente con sus políticas de violencia y exclusión se han atravesado a toda apertura progresista. Los que han controlado el poder por más tiempo lo han hecho con énfasis hegemónico, aplicando la discriminación y el exterminio de sus contrarios, algo que se convirtió en una práctica política cíclica.

En vez de la seguridad con que se debiera garantizar la vida de todos los colombianos se es permisivo con la violencia homicida contra los líderes sociales, los ambientalistas, los defensores de derechos humanos, los combatientes desmovilizados, los indígenas que protestan, los campesinos despojados de sus tierras. La protección a los responsables de esos crímenes se hace evidente. No hay justicia y ese vacío es copado por la impunidad para amparar a los victimarios. Ya es una especie de rutina, sin que importe el impacto negativo que tiene semejante tolerancia en la nación.

El acuerdo con las Farc en el mandato presidencial de Juan Manuel Santos consiguió la desmovilización de una guerrilla beligerante tras más de 50 años de protagonizar ese conflicto armado. Se abrió así un proceso de pacificación, con la perspectiva de desarrollarlo fortaleciendo la democracia. Pero el gobierno que siguió (el actual) asimiló en parte la consigna de Fernando Londoño de hacerlo trizas. Y cada vez que puede le pone un torpedo. Lo que equivale a una irresponsabilidad, pues la Constitución consagra la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Hay otros problemas con desbordamiento extremo frente a los cuales el gobierno prefiere poner el espejo retrovisor. Es cierto que el narcotráfico no es de ahora y viene en auge desde hace muchos años. Pero el gobierno está para buscar solución y no desmontarse culpando a los anteriores.

Con respecto a la justicia tampoco tiene el gobierno claridad sobre lo que debe corregir. Como es errático sobre los asuntos del medio ambiente. Ha caído en desvíos inclusive en los compromisos adquiridos recientemente con la comunidad internacional.

Por la falta de coherencia en la agenda de gobierno es frecuente la narrativa de lugares comunes de los ministros, entre los cuales sobresalen, la Canciller y sus colegas de defensa, justicia y del interior.

El gobierno se raja en las prioridades. No ha dado, por ejemplo,  una explicación clara en el caso de corrupción del Mintic. Y de otros episodios del mismo calibre tampoco responde.

Así las cosas, el gobierno que está terminando período, en cabeza del presidente Iván Duque, es fallido.

Puntada

En lo previsto para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Colombia, quedó pendiente el centro de convenciones Virgilio Barco. No hay que perderlo de vista.

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