Y es cierto. Ante la avalancha de inmigrantes venezolanos buscando refugio en nuestro país ante las tropelías impulsadas por el gobierno del señor Nicolás Maduro frente a toda manifestación contraria a sus erradas políticas sociales y económicas, Cúcuta, especialmente y su Área Metropolitana, están afectadas por este “tsunami” que trajo desempleo para nuestros coterráneos, inseguridad rampante, mendicidad en todas las vías, proliferación de vendedores ambulantes etc. etc. Es decir, pareciera que le hubiese caído, sin exagerar, las siete plagas de Egipto a la ciudad y sus alrededores.
Y no es que quiera que se repele a los hermanos venezolanos, ni promover la xenofobia, ¡no!, simplemente que se busquen soluciones en su beneficio debido a la situación crítica que afrontan, con el concurso del Gobierno Nacional que bastante se hace el de la oreja gocha como lo expresan los mismos venezolanos.
Los municipios aledaños a la frontera, principalmente, sin presupuesto para atender un gasto adicional y los habitantes asentados en los mismos llevamos del bulto. Es necesario que se pongan en marcha mecanismos extraordinarios que mitiguen esta emergencia que ya supera los dos años y como se avizora el panorama, sin solución a corto plazo.
Colombia como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados aprobada en Ginebra en 1951 y ratificada por la Ley 35 de 1961, la Declaración Americana Derechos y Deberes del hombre, la Convención Americana Derechos Humanos, Protocolos y normas internas desarrolladas con base en las anteriores disposiciones, contemplan la protección temporal y campos de refugiados para estos casos de inmigración masiva forzada por las circunstancias. Estos campos, según las disposiciones internacionales aceptadas por Colombia, deberán contar con los servicios básicos, de alimentación, salud, educación y vigilancia para evitar desafueros, financiadas por ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados.
En circunstancias especiales en las que no podemos absorber a los inmigrantes para que tengan una vida digna sin perjudicar la nuestra teniendo en cuenta que nuestra región por su nivel de subdesarrollo que a duras penas los habitantes sobrellevan, no se puede dar el lujo de soportar una carga más, la Convención permite que se limite la libertad de movimiento para transitar fuera del campamento excepto a los que tengan familiares que los acojan o cuenten con suficientes recursos para sufragar sus gastos.
Es necesario que el Gobierno Nacional intervenga con efectividad, la ciudadanía del Área Metropolitana vive en un estado de zozobra temiendo por su seguridad ante la escalada de los índices de criminalidad, de robo que no son todos por cuanto mucha gente no denuncia, el desempleo pues los empresarios prefieren la mano de obra barata y sin costos de parafiscales de los venezolanos en detrimento de nuestros nacionales coterráneos, de la quiebra de la red pública hospitalaria y el estado de miseria que se percibe en el ambiente. Es hora de tomar decisiones, no le den más larga al problema.
