Luego de nueve meses de emergencias, alertas por riesgo de inundación a asentamientos humanos, crisis sociales y económicas, además de un grave (y quizás irreparable) daño ambiental, los diversos problemas geológicos y estructurales del proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Colombia están lejos de ser superados. En Hidroituango las eventualidades y la incertidumbre son una constante, y, tal como reconoce Jorge Londoño de la Cuesta (gerente de EPM), todos los días deben tomarse decisiones difíciles para tratar de superar las diferentes contingencias y seguir adelante con el proyecto.
Desde la década de los 70 del siglo pasado se iniciaron los estudios de viabilidad del proyecto que promete generar el 13% de la energía que necesita el país. Sin embargo, cincuenta años después todavía no se logra un consenso respecto de la información técnica de Hidroituango y persisten las dudas sobre la estabilidad de la obra. Hay desacuerdos entre el equipo del Grupo EPM, expertos en temas ambientales, diferentes y reconocidos geólogos y geógrafos del país, y activistas/defensores del medio ambiente por la difusión, calidad y veracidad de la información compartida con la ciudadanía y los entes de control sobre las especificidades de la obra.
Pero lo más preocupante radica en que nunca se realizó consulta previa ni diálogo social con las comunidades que tradicionalmente han habitado el área de influencia del proyecto. Según Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, “no había mucha gente”, por lo que no se vio la necesidad de exponer los alcances e impactos del proyecto a la ciudadanía, desconociendo los derechos de las comunidades ribereñas y olvidando el sangriento pasado de las masacres ocurridas en Ituango (El Aro y La Granja), por las cuales el Estado colombiano fue condenado internacionalmente.
Es claro que los proyectos de energía hidráulica tienen desventajas y externalidades, al igual que otras fuentes de energía. Sin embargo, la gravedad del asunto radica en que Hidroituango ha ignorado las necesidades y derechos de las comunidades campesinas, barequeras y pescadoras de la zona, además de la violación al derecho de consulta previa de Los Cañoneros del Cauca (sujetos étnicos del Cabildo Indígena Nutabe de Orobajo, según registro de comunidades indígenas de MinInterior).
A esto hay que añadir que la afectación por las distintas emergencias no ha sido sólo a 600 viviendas en Puerto Valdivia, como pretenden simplificar los voceros de Epm, sino que se extiende a cientos de miles de personas cuyo sustento y vivienda dependen del río Cauca.
Con la contingencia más reciente, que ocasionó la disminución del cauce del río Cauca, se puso en peligro la biodiversidad, el bienestar de las comunidades y la seguridad alimentaria de miles de personas relacionadas con el sector agropecuario, la pesca y la minería. Evidentemente, se ha privilegiado la óptica financiera en la toma de decisiones respecto de los riesgos e impactos de Hidroituango.
Los desplazamientos, producto de las amenazas de inundación en los municipios ribereños han traído más guerra al Bajo Cauca, y han sido la fuente de más mano de obra para los grupos armados ilegales que se disputan la zona. Se han desconocido culturas ancestrales y victimizado a comunidades vulnerables, y la ciudadanía no ha tenido voz ni opinión dentro del proyecto y sus impactos.
Todo esto sigue siendo ignorado y aún no hay transparencia sobre la información técnica del Hidroituango ni el futuro de los campesinos, indígenas, barequeros y pescadores del área de influencia del proyecto hidroeléctrico que han sido afectados y nunca fueron consultados por los promotores de la obra. Es cierto que el país debe hacer grandes esfuerzos en aras a propender por mejores formas de obtener energía, pero por el desarrollo no se puede sacrificar el diálogo social, la sociedad civil tiene derechos que ningún megaproyecto puede obviar.
