Durante años, la discusión tributaria en Colombia se ha enfocado en una falsa premisa: que para financiar la equidad es indispensable castigar la acumulación de capital. La reciente propuesta de eliminar el impuesto al patrimonio quiebra ese dogma y abre una oportunidad histórica para replantear la arquitectura económica del país. Lejos de ser una concesión a los sectores de mayores ingresos, abolir este tributo es una decisión estratégica para dinamizar la inversión, acelerar el crecimiento y, en última instancia, combatir la pobreza de forma estructural.
El impuesto al patrimonio en Colombia ha operado como una penalización directa al ahorro y al riesgo empresarial. A diferencia de los tributos sobre la renta o el consumo, que gravan la generación de nuevo valor o el gasto, el impuesto al patrimonio grava activos acumulados que, en su gran mayoría, ya pagaron impuestos al momento de ser generados. Esta doble imposición no solo genera distorsiones técnicas sobre activos con baja liquidez, sino que envía un mensaje adverso al mercado: entre más capital se consolide en el país, mayor es la sanción fiscal.
En una economía abierta, el capital es altamente móvil. La permanencia de este gravamen ha incentivado la fuga de activos hacia jurisdicciones más competitivas y ha desestimulado la llegada de inversión extranjera directa. Cuando el capital migra o se refugia en instrumentos improductivos para evitar la carga tributaria, el país pierde fábricas, proyectos de infraestructura, innovación y, sobre todo, puestos de trabajo formal. La evidencia internacional es clara: la gran mayoría de los países de la OCDE terminaron eliminando este tributo tras constatar que el costo económico en términos de menor inversión superaba con creces su modesto aporte al recaudo fiscal.
Es aquí donde la propuesta conecta de manera directa con la reducción de la pobreza. Ningún subsidio estatal ni esquema asistencial ha logrado sacar de forma sostenible a una sociedad de la pobreza; solo el empleo formal y de calidad tiene esa capacidad. Para crear empleos se requiere inversión intensiva: maquinaria, tecnología, desarrollo agroindustrial y expansión operativa. Al desmontar el impuesto al patrimonio, Colombia vuelve aumenta su atractivo como destino para el capital privado nacional e internacional. La reactivación de la inversión privada, que viene en mínimos históricos, genera una cadena de valor que absorbe mano de obra, incrementa la productividad y eleva los salarios reales.
Además, un entorno favorable a la capitalización fortalece las arcas públicas por vías más eficientes. Un país que crece al 4% o 5% anual recauda sensiblemente más a través del impuesto de renta corporativo, la retención en la fuente y el IVA, que lo que obtiene mediante un tributo patrimonial recesivo que frena el motor productivo.
Avanzar hacia la eliminación del impuesto al patrimonio no implica descuidar las metas de recaudo ni la disciplina fiscal, las cuales se pueden compensar con una mayor eficiencia en la fiscalización y la contención del gasto público. Se trata de entender que la mejor política social es un entorno económico donde valga la pena arriesgar, construir e invertir. Esta iniciativa corrige un sesgo anti-inversión y sienta las bases para que el crecimiento económico sea el verdadero motor de la transformación social en Colombia.
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