La Constitución de 1991 es de contenido democrático. Consagra derechos y garantías que ponen a Colombia en la vertiente de la civilización, contra el autoritarismo y todas las formas de abuso de poder. Lo cual corresponde a un Estado Social de Derechos, como quedó consagrado. Disposición que no se cumple, así el gobierno pretenda hacer creer mediante intensa propaganda que ha llevado al país a la cima de las soluciones, como no había ocurrido en la historia de la nación, según el incienso esparcido por quienes hacen el papel de altavoces oficiales.

La realidad demuestra que una cosa es lo que dice el gobierno y otra son las necesidades insatisfechas de todos los días, o las carencias que no dan tregua, o la recurrencia de problemas cotidianos de distinto orden, muchas veces minimizados no obstante la evidencia de su gravedad en el conjunto de la comunidad o individualmente.

Por estos días se habla con insistencia del crecimiento de la economía colombiana y se dice que está por encima de las otras naciones de América Latina. Sin embargo, el resultado que tanta euforia provoca no se refleja en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. Los indicadores del DANE dan cuenta de que la pobreza no disminuye y en cambio se agrava. El desempleo está alto, así se diga que hay estímulos para abrirles nuevos espacios laborales a los jóvenes.

En educación los resultados son precarios, según las pruebas de Estado. Precarios académicamente. Y son muchos los problemas acumulados en los inmuebles donde funcionan escuelas y colegios. La matrícula cero no representa todo el beneficio que se le asigna, pues todavía están marginados de la enseñanza superior muchos jóvenes en Colombia. Y se dice que el aumento de recursos es enorme. Está, además el mal servicio de la alimentación destinada a los estudiantes. El PAE es otro rubro de picardía.

En la lucha contra la corrupción no hay acciones efectivas. Los escándalos por malos manejos no paran y los actores parecen gozar de fueros especiales como es el caso del contrato del Mintic con Centros Poblados, mediante el cual se hizo el pago de un anticipo por valor de $ 70.000 millones mediante trampas probadas.

Otro engaño oficial es con respecto a la paz. Se ha buscado desmontar el acuerdo firmado con las Farc y echar a la basura todo el proceso de desmovilización de una guerrilla de medio siglo en armas. Esa operación tiene otros intereses: no reparar como debe ser a las víctimas, impedir la restitución de tierras usurpadas a los campesinos y bloquear una reforma política que depure este ejercicio.

En otros campos el gobierno se autoelogia por supuestos actos de alcance social. Lo cual no se ve porque el país sigue mal en salud y en otros servicios esenciales. Y, además, el linchamiento de líderes sociales y otros actos de violencia son golpes que se reciben día a día. La cadena es más larga.

Puntada

El candidato del Centro Democrático a la Presidencia, Oscar Iván Zuluaga, cayó en el errático ejercicio de dar golpes de ciego al culpar al alcalde Jairo Yáñez como responsable de la inseguridad. ¿Ignora cuanto tiene que ver el presidente con esa situación?

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