Amables lectores: el 23 de Septiembre del 2015, el Gobierno Nacional creó una jurisdicción especial para la paz que ejercerá funciones judiciales investigando para perseguir, juzgar y sancionar las violaciones de los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que tuvieran lugar antes de la fecha de corte. 01 – Diciembre /2016 cualquier delito cometido después de esa fecha va a la justicia ordinaria.

El inconformismo manifestado con la escogencia de los magistrados que conformaran la jurisdicción especial para la paz es muy alto. 

Un volumen alto de colombianos vemos en esta nominación una muy clara tendencia hacia la izquierda. 

Algunos de los magistrados escogidos, tanto hombres como mujeres han sido defensores de guerrilleros y claramente esto no permitirá su imparcialidad al ejercer justicia sobre sus antiguos clientes y en cambio nada los limita para ser inflexibles al definir la situación  de civiles empresarios o de militares que se vieron de alguna manera involucrados en el conflicto. 

Hoy la preocupación por este motivo entre empresarios es muy grande y no obstante, que algunas personas defensoras de estos magistrados afirmen como César Rodríguez, director de Dejusticia  que esto es falso, al examinar con detenimiento las hojas de vida de algunos de los magistrados nominados encontramos que sí existen, en ambos sexos, antecedentes graves de preferencia izquierdistas que los haría sujetos de impedimentos y con causales de recusación al no poder ser imparciales por tener simpatía con la guerrilla y con seguridad como en todo sistema jurídico pues la JEP no está en el aire, serán acusados y posiblemente si no se retiran serán retirados.

Colombia es el primer país que intenta de manera sistemática tener un tribunal, una comisión de la verdad y una organización que garantice alguna verdad en relación con las personas desaparecidas.

César Rodríguez afirma que en toda guerra, para solucionarla, existen dos extremos: Una amnistía total o un castigo total. 

En Suráfrica, se aplicó que todo  aquel que confesara sus delitos, no importando si había o no reparación a las victimas era amnistiado. 

Estoy convencido que las fórmulas de amnistía total o castigo total no son deseables. De no ser por la calidad de los magistrados escogidos la JEP debería jugar un muy importante papel intermedio en la solución definitiva del conflicto armado. Sería un verdadero filtro con su sala de justicia, conformada por 18 miembros, en su mayoría mujeres. En esta sala si se impone a imparcialidad y la ética por encima de las posibles preferencias hacia la guerrilla se definirán cuales delitos tendrán amnistía y cuáles serán merecedores de castigo.

Para más del 50% de los colombianos lo más importante que debe tener este tribunal es ética e imparcialidad porque cualquier fallo preferencial hacia la guerrilla dará al traste con esta muy buena idea para dar por cancelado el conflicto para todos los involucrados. Señores magistrados nominados, no se equivoquen con sus preferencias.