El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho un angustioso llamado a los países de América Latina, para concretar instrumentos más eficaces contra el crimen organizado en la región.

En la actualidad está estimado que la criminalidad y la violencia le están costando al continente el 3,5% del PIB, una monumental cifra que aplaza inversiones en el campo social y en el desarrollo de los países y de sus habitantes.

La verdad es que el delito avanza a una velocidad impresionante, en donde los ciudadanos tanto en las grandes ciudades, como en las zonas apartadas con cierta influencia estratégica (minería, narcotráfico, tránsito de migrantes) se ven diariamente acechados con toda clase de modalidades que sorprenden por la astucia y la eficacia con que son aplicadas.

Y en todo ello vemos que el crimen va tomando formas que unas veces nace de situaciones locales, pero que pronto abarcan influencias nacionales y también internacionales. Los llamados carteles delincuenciales que se forman en ciertos barrios, llegan a adquirir rápidamente influencias de otras instancias; ya vemos que organizaciones criminales de México, Venezuela y Centro América, así como también de Europa, se encuentran metidas en muchas regiones del país, lo que implica que los delincuentes tienen mayor capacidad logística para actuar, abultados recursos para operar y una movilidad mucho más efectiva.

Y a todo esto podemos agregar la gran influencia de la aplicación de las tecnologías, en donde se puede registrar que muchos delitos operan desde las redes sociales, de la clonación de cuentas, de la aprehensión ilegal de información y de la interferencia de sistemas operativos. En las mismas cárceles funcionan organizaciones delictivas que operan desde un celular.

El crimen está resultando un serio obstáculo para acelerar el desarrollo, para asegurar la tranquilidad ciudadana y para proteger los derechos fundamentales de las personas.

Una sociedad que tenga que avanzar en medio de la amenaza, del miedo y del atropello, sin duda es limitada y sus enormes efectos terminan alcanzando también el Estado de Derecho y la integridad de las instituciones. Y el paso siguiente es alejar la inversión, pues los dueños del capital requieren de unos mínimos de seguridad para poder colocar sus recursos en actividades lícitas y de apoyo al aparato productivo.

Ojalá tengamos pronto una gran cumbre de los países Latinoamericanos contra el delito y de allí salga una asociación de esfuerzos y recursos para poder estar en capacidad de salirse al paso a semejante amenaza, que está afectando de manera dramática a todos los habitantes de la región.

A los grandes males hay que diseñarles medidas extraordinarias, y en este caso con un marco de cooperación internacional. Las cifras nos están indicando claramente, que el delito y la violencia están ganando terreno.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion