La sabiduría popular tiene una sentencia de constante confirmación, según la cual “No hay peor ciego que el que no quiera ver”. Tiene comprobación en la conducta permisiva de los servidores públicos en las  más altas instancias de poder respecto a hechos de gravedad inocultable y de impacto negativo generalizado.

Esa ceguera es arraigada entre los fanáticos de cualquier vertiente existencial y los complacientes con la corrupción. No querer ver es aferrarse a la negación de hechos que no admiten ocultamiento o distracción y que deben llevar a correctivos inmediatos, tomando en cuenta a sus protagonistas, así no los cobije todavía una sanción judicial. No desestimar las evidencias es lo consecuente con la prevención, sin que sea subestimación o rechazo a la presunción de inocencia.

Muchas veces por omitir una acción correctiva se le abre ancho camino al delito. Es una especie de complacencia con los actores del ilícito denunciado.

La reciente elección del presidente del Senado y la presidenta de la Cámara de Representantes ilustra la ceguera impuesta por la politiquería. Los dos tienen cuestionamientos que alcanzan para descalificarlos. Lo cual debió tomarse en cuenta. Pero se impuso la férula del poder en contra de los méritos que debieron prevalecer en la provisión de cargos tan representativos de la llamada institucionalidad.

Por esa ceguera el Gobierno le propuso al Congreso una reforma tributaria recargada de contribuciones fiscales a los sectores con ingresos apenas básicos. Era inconveniente en toda su estructura, pero había afán de imponerla. Se cayó finalmente por el rechazo colectivo. Sin que pasara la prueba causó efectos borrascosos. 

Con ceguera también se ha pretendido desmontar el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, liderado por Juan Manuel Santos en su mandato presidencial. Ese empeño es contra la paz y busca cerrarles el paso a los desarrollos políticos encaminados a fortalecer la democracia y erradicar los factores que alimentan la desigualdad social.

La negativa del Gobierno a reconocer los excesos de la Fuerza Pública contra las manifestaciones de protesta social mediante la represión violenta con armas oficiales, es otro acto de ceguera.  No son pocas las víctimas de ese extremismo, con el cual se reproduce un autoritarismo de graves implicaciones. Es violencia del Estado contra la población civil que reclama sus derechos y busca cambios.

Por esa insistencia en no reconocer los desatinos en que incurren los servidores públicos se llegó al escandaloso entramado en el Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Contra toda evidencia se ha querido presentar ese hecho de corrupción como ajeno a quienes aprobaron los contratos y facilitaron las trampas para consumar la picardía. Una ceguera nociva, pero con el suficiente cálculo para defraudar los recursos públicos. Una ceguera para millonarias utilidades.

Puntada

La muerte de Antonio Caballero es una resta lamentable al periodismo de opinión en Colombia.

Fue un escritor de primera línea, en cuanto al rigor de lo que decía y lo hacía con estética del lenguaje, claridad, veracidad, libertad y convicción.

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