A pupitrazo limpio votaron todos los congresistas la propuesta de realizar una consulta popular contra la corrupción. Ninguno quería quedar mal, no con las autoras de la iniciativa, Claudia López, enemiga de buena parte de sus colegas, y su señora esposa la representante Angélica Lozano, sino con el país que clama ponerle coto al mal que lo carcome por los cuatro costados. El presidente de los nefastos períodos de la mermelada a chorros y los contratos de los mil carteles dictó de inmediato el decreto de convocatoria al pueblo para el 26 de agosto del corriente año.
La propuesta es, a todas luces, demagógica. ¿Quién no rechaza la corrupción?
Comentan por ahí que de obtener los doce millones de votos que se requieren para que la consulta sea aprobada y de ella emanen estatutos anticorrupción, la senadora López ya tendría su trampolín para postularse como candidata a la alcaldía de Bogotá, que constituye por ahora su sueño. Ahí está el veneno de la aparente noble moción. La sabiduría común dice que nadie da puntada sin dedal.
Ya analistas serios concluyeron que todos los puntos propuestos como actos de corrupción rechazables están contemplados como delitos. Tales son los conocidos vulgarmente como serruchos, coimas, mordidas, los famosos CVY – ¿cómo voy yo? (en los negocios del gobierno) -, los robos de bienes oficiales y toda suerte de venalidades, aprovechándose de un cargo o de una representación popular.
Los puntos de la consulta anticorrupción del Partido Verde no son nada nuevo. ¿Qué más estatuto anticorrupción que el código penal? ¿Qué falta? ¡Jueces honestos dispuestos a encarcelar a los corruptos!
La alucinante consulta contempla rebajarles los sueldos a los congresistas, a magistrados y a altos funcionarios oficiales, mas ocurre que en ese caso es imperativo reformar la Constitución. Entonces, esa propuesta es vacía.
La Corporación de Jueces y Magistrados - un gremio muy influyente en Colombia - se declaró en oposición al dicho mecanismo de participación y ya se inscribió en el Consejo Nacional Electoral para abanderar su derrota. En su pronunciamiento los togados no consideran justo que su labor se vea demeritada con salarios aparentemente altos, pero en realidad nada comparables con los de sus colegas de Latinoamérica. Las preguntas, afirman los doctores de la ley, tratan de engañar a la gente y son populistas.
En conclusión, al descubierto las intenciones ocultas, visto que los siete mandatos de la consulta no pasan de llover sobre mojado, amén del inmenso costo que implica para las finanzas del Estado la movilización electoral por aprobar algo que ya está aprobado, por mi parte no me prestaré a la pantomima. Gastar 300 mil millones en una consulta injustificada se convierte de por sí en un acto de corrupción.
Repito: que se aplique la ley, con dureza y sin miramientos, y no habrá necesidad de tantas y tontas consultas.
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