La violencia en Colombia ha hecho parte de la cotidianidad de la nación a lo largo de su historia. Pareciera ser esa una tendencia inexorable, ante lo cual ha sido mayor la permisividad que la voluntad de erradicarla, como debiera ser.

Intereses económicos apuntalados en la supremacía del poder, o políticos, o religiosos o de mera pasión criminal, generan las violencias padecidas. 

Todo ello, a pesar de acoger en la Constitución principios democráticos con el reconocimiento de derechos, entre los cuales está la paz y la protección de la vida.

Se consagró en la Carta que Colombia es un Estado social de derecho. 

También que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los habitantes del país. Pero la realidad es bien distinta, como lo demuestran los hechos.

El conflicto armado de los últimos 55 años pone al desnudo que pesa más la muerte que la vida. 

Y los actores de la violencia no solamente están del lado de los grupos armados ilegales. 

Es cierto que las atrocidades de estos no se pueden ocultar. 

Sin embargo, eso no hace desaparecer la participación de agentes del Estado en acciones criminales condenables.

Muchas veces se han montado operaciones de violencia para arrebatarle sus tierras a los campesinos o para imponer fraude en las elecciones con la finalidad de privilegiar intereses partidistas o de clase.

El derecho a la paz, que está entre los fundamentales, no ha contado siempre con la protección oficial.  Los llamados falsos positivos, y el exterminio de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica y el sistemático asesinato de los líderes sociales son hechos consumados a la sombra de la permisividad oficial.

La posición del actual Gobierno frente a la implementación del acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano es preocupante. No hay voluntad para su consolidación, como debiera ser. Por encima de esa obligación legal buscan imponerse interpretaciones acomodaticias inspiradas en posiciones ideológicas contrarias al beneficio colectivo.

Pero la paz debe imponerse como  causa  fundamental de los colombianos. Esta nación no puede seguir siendo el escenario de los violentos, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ningún credo. Y se debe retomar el compromiso de hacer la paz, de construirla como debe ser, con derechos reconocidos, con el desmonte de las prácticas viciadas de la política, con la erradicación de todas las formas de corrupción, con el fortalecimiento de la educación y el florecimiento de la cultura en sus más óptimas expresiones. Con una justicia limpia, libre de carteles tramposos, con acceso efectivo a la salud, con protección de los recursos naturales y del medio ambiente, con libertad y conductas decentes.

Para alcanzar esos ideales, que corresponden al Estado social de derecho, se requiere la voluntad de todos.  Se impone la convivencia, la tolerancia, la aceptación de las diferencias y el respeto recíproco, a fin de no discriminar, ni excluir y no incurrir en el extremismo del odio.

Sigue teniendo vigencia el aserto que alguna vez recordó Alberto Lleras: “Acuérdate romano que tu misión es recodarle a este pueblo la costumbre de la paz”. 

Puntada

La celebración del bicentenario de la República es una excepcional oportunidad para promover la democracia en Colombia. Para ese liderazgo está escogido con acierto, por parte de la Gobernación de Norte de Santander, Luis Fernando Niño.

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