El articulado de la reforma tributaria que se discute en el Congreso en estos días tiene un parágrafo transitorio –de escasos tres renglones– cuyo contenido es mucho más trascendental que las otras 34 páginas del proyecto. Lo realmente sorprendente es lo poco que se habla del asunto.

En apenas un breve párrafo se define el techo al déficit fiscal que obligará al gobierno que se posesione el 7 de agosto de 2022. La ley establece que a partir de 2026 operará un mecanismo en función del nivel de la deuda. Pero, entre 2022 y 2025, regirán los números perentorios señalados en ese parágrafo transitorio. El próximo gobierno –independientemente de las promesas de campaña y los resultados en las urnas– tendrá que limitar el déficit a lo que ahí se fija.

Las cifras son más o menos así: excluyendo los ingresos de la venta de ISA a Ecopetrol (que al ser ‘por una sola vez’ el propio proyecto de ley considera que no se deben tener en cuenta), este año el déficit del Gobierno será 10 % del PIB –la cifra más alta en más de un siglo–. Según el parágrafo, el déficit tendrá que bajar a 3 % del PIB en promedio en 2024 y 2025.

Esto significa un ajuste de 7 puntos del PIB, casi 80 billones de pesos de hoy en los próximos tres años. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Quién tendrá la capacidad para hacer este ajuste?

El ministro de Hacienda ha sido claro en decir que está haciendo una parte de la tarea. De esos 7 puntos del PIB, el gobierno actual aportará dos: uno por concepto de la reforma tributaria en trámite y otro por concepto de la reducción del gasto prevista en el presupuesto para 2022. Si, además, el factor suerte juega a favor y se sostienen los precios actuales del crudo, los ingresos petroleros del Gobierno ayudarán con otro 1 % del PIB. Todo esto suma tres puntos del PIB.

Esto significa que el nuevo gobierno tendrá que diseñar un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal en 4 puntos de PIB –más de $ 40 billones– y así cumplir con la nueva regla que está cerca de ser aprobada. Dado el tamaño del ajuste, estabilizar las finanzas públicas será un reto gigantesco.

A esto hay que sumarle otro reto, incluso mayor: al mismo tiempo será necesario desactivar la bomba social. Reducir la pobreza –lo cual requiere recursos fiscales– será indispensable para evitar un nuevo estallido social. Y si a esto le añadimos la necesidad de estimular la inversión privada –pues sin crecimiento económico no hay forma de resolver los problemas fiscales y sociales–, estamos hablando de una verdadera cuadratura del círculo.

El país debe elegir a quien tenga la mejor propuesta y quien, además, tenga la mayor capacidad para ejecutarla. Habrá quienes propongan salidas facilistas como no hacer el ajuste –y pedirle al Banco de la República que llene el faltante a punta de emisión– o hacer el ajuste, pero estrangulando al sector productivo. Eso sería tirarnos por el precipicio. Las alternativas que funcionan requieren conocimiento, experiencia y habilidad para construir consensos. Pero, sobre todo, exigen audacia y coraje.

Se viene a la memoria la estrategia de Austeridad Inteligente que puse en marcha como ministro de Hacienda cuando, entre 2014 y 2016, el país perdió la mitad de sus exportaciones y una quinta parte de los ingresos fiscales. Para enfrentar semejante choque –el peor que habíamos tenido desde la Gran Depresión– recortamos el gasto público, sin afectar los programas sociales de alto impacto. También aumentamos los ingresos fiscales, pero cuidando la inversión productiva. Prueba de ello es que se eliminó el impuesto al patrimonio en cabeza de las sociedades.

Todo esto permitió que la pobreza disminuyera de manera ininterrumpida hasta 2018 y que la inversión mantuviera récords históricos. Un componente fundamental fue el apoyo fiscal y financiero a las concesiones viales de cuarta generación, también conocidas como 4G.

Nada de eso fue improvisado o dejado a las fuerzas del azar: por el contrario, fue una respuesta planeada para armonizar ajuste fiscal con progreso social y económico. Pero, sobre todo, fue posible gracias a que se concertó con un amplio espectro político. Eso es lo que tendremos que hacer como país a partir de 2022.