Con una superficie de 309.050 kilómetros cuadrados y una población de 11 millones de habitantes, Grecia está ubicada entre Asia, Europa  y  África.  Al  Este está el mar Egeo, al Oeste el mar Jónico y al Sur el Mediterráneo, los cuales bañan sus 13.676 kilómetros de costas.

Pese a contar con el mayor número de picos montañosos de Europa, la agricultura representa un papel muy importante  en su economía.

Su contenido histórico, la cultura  extraordinaria y la literatura son otras  de las  razones  para  que muchos turistas  lleguen  a la patria madre de la democracia.

Sin embargo, la República Helénica (nombre oficial) está pasando por momentos críticos en el campo económico. La deuda pública de 183.157 millones de euros que registraba antes de iniciarse la crisis mundial en 2007 llegó a 317.000 millones en 2014.

Este nivel de deuda  representa el  177 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), el cual llegó  el año pasado a 242 mil millones de euros. 

La subida de la deuda se debió al  incremento del  costo de su financiación, lo cual llevó a las autoridades griegas a subastar préstamos al Fondo Monetario internacional (FMI)  para evitar suspensión de pagos. Grecia es, además, el país de la Unión Europea  que más gasta en pensiones, pues destina para este fin el 16.2 % del PIB, mientras el promedio de los demás países que conforman este bloque apenas llega a 11.2%.

Ante el temor de una posible quiebra  económica los griegos han retirado  de los bancos millones de euros los cuales van a parar en su mayoría al exterior. En abril los depósitos de empresas privadas y de hogares habían caído a su nivel más bajo desde 2004. Esta delicada situación  ha generado posturas encontradas entre quienes  consideran que es importante llegar a un acuerdo para el pago de la deuda y quienes  votan por el no pago y el retiro de la Unión Europea.

El miércoles de la semana pasada fue dado a conocer el concepto de la comisión internacional de expertos que llevó a cabo una auditoría de la deuda pública del país helénico.  Allí se  considera que no debe pagarse la deuda contraída entre 2010 y 2015 por ser el fruto de acuerdos que infringen los derechos humanos.

El comité asegura que Grecia ha sido víctima de un ataque premeditado y organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI),  el Banco Central Europeo (BCE) y  la Comisión Europea (CE)  en pos de convertir  la  deuda privada en pública.

Aunque las posturas son  muy distantes,  aquí si tiene mucho peso el concepto de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. El alto costo de esta elevada deuda no será solo para Grecia, sino para la Unión Europea y el resto del mundo, dada la  dinámica  derivada  de  la globalización de la economía.