Alrededor del paro del 21 de noviembre y de las posteriores movilizaciones se han dado diversas circunstancias que han ocupado la atención de los medios y las redes sociales, como la lamentable muerte de Dylan, las lesiones a algunos policías, las molestias causadas por las dificultades del transporte, y la judicialización de los vándalos. 

Todo estos hechos responden a la dinámica social y, cada persona, desde su perspectiva, enfatiza alguno. 

No obstante, por encima de ellos, las manifestaciones deben servir para que reflexionemos sobre el modelo de Sociedad que tenemos. 

¿Estamos los colombianos satisfechos con la manera como funciona el país en sus instituciones y estructuras económicas y sociales? 

¿Podría nuestra nación estar en mejores condiciones? 

Desde luego, no estamos nada satisfechos, pero nos sobran razones para creer que el país puede funcionar mejor, proyectándose hacia un desarrollo social incluyente. 

Aunque los temas para repensar el país son múltiples, como la justicia, el sector rural, la salud, la vivienda, los servicios públicos, el empleo, los recursos naturales, y la corrupción, preferimos dedicar estas líneas a la educación por cuanto no son pocos los jóvenes que han manifestado.

Una sociedad que no garantice el derecho a la educación de sus miembros, está prácticamente condenada en su futuro. 

Según la Constitución, la educación es un derecho fundamental para asegurarles a todas las personas el acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología, así como a los demás bienes y valores de la cultura, en concordancia con el Estado Social de Derecho. 

La educación, entonces, demanda del Estado acciones concretas para garantizar su prestación eficaz a todos los habitantes. 

La finalidad de la educación no es otra que garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos y las libertades fundamentales.

La Educación en Colombia no es en la actualidad un derecho fundamental sino una vil mercancía. Sus costos son exorbitantes, en especial en la educación privada universitaria, que crece y crece, mientras la educación pública se marchita. 

Las universidades privadas, que se disfrazan de organizaciones sin ánimo de lucro, no pagan un sólo centavo de impuesto. Para las públicas, en cambio, hay permanentes recortes. 

No es tan difícil buscar la prevalencia del Interés General, o sea de la educación pública, sin sepultar del todo la educación privada. 

Los modelos sobran: Finlandia, Holanda, Francia o, entre nosotros, Argentina y Uruguay. El capitalismo salvaje no puede seguir manejando la Educación en Colombia. Es una agresión al futuro y la esperanza, que son los jóvenes. En esta área, como en otras, se requiere del intervencionismo de Estado para adoptar un capitalismo con rostro humano. 

Las cifras lo dicen todo. El 46% de la población activa laboral gana el salario mínimo o menos. ¿Cómo puede un asalariado mínimo, impulsar sus hijos hacia la educación superior? ¿Cómo podría ese joven estudiar medicina en una universidad privada? Una revisión a los costos de las carreras que se ponen a la moda y se ofrecen sin planeación ni concordancia con las necesidades del país, desperdiciando brazos e inteligencias, resulta más que ilustrativo. Cualquier semestre vale 3, 5, y hasta 15 millones de pesos. Y una maestría vale 25 o 30 millones de pesos. No olvidemos que Colombia tiene 23 millones de pobres, de los cuales 7 se hallan en extrema pobreza. 

El tema reclama una reforma estructural. No se trata de darle unos pesos más a la educación, sino de generar igualdad de oportunidades a través de un plan de continuidad para desarrollarlo en diez o quince años. Un replanteamiento educativo nos obliga no sólo a hacer prevalecer progresivamente la educación pública, sino también a erradicarle algunos vicios, así como a superar la brecha existente entre el campo y la ciudad, a establecer el equilibrio entre las humanidades y las carreras técnicas y, sobre todo, a proyectar la juventud bajo valores cívicos y comunitarios, según las necesidades reales del país. Los jóvenes menores de 24 años, que superan los 19 millones, representan ni más ni menos el 41% de la población. Sin duda, en su educación está gran parte del futuro de Colombia !