Terminar una tregua de tres días con un atentado hacia uno de los líderes sociales campesinos de la región es una bofetada para todo el departamento, para todos los colombianos, sobre todo, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad en que viven aquellos que luchan día a día por sus comunidades y por la defensa de los Derechos Humanos. En lo que llevamos del año han sido asesinados 56 líderes en Colombia, de los cuales 6, eran de Norte de Santander, según informe de Indepaz.
Los habitantes de los once municipios que se encuentran asediados y amenazados por la violencia en Norte de Santander tuvieron un respiro de tres días en el que pudieron realizar sus actividades con normalidad (aunque no con tranquilidad). No obstante, la válvula de oxígeno fue cerrada nuevamente y, en el momento en que se escribe esta columna, miles de niños se encierran en sus casas y dejan de celebrar su día, por miedo a que los enfrentamientos lleguen hasta sus puertas. El transporte vuelve a quedar paralizado, los comercios se cierran y la educación se apaga. Con cada hora del paro armado impuesto por el Epl, se mueren las oportunidades de ofrecer un futuro mejor a los niños del Catatumbo.
Puede tener razón Luis Carlos Villegas cuando dice que MinDefensa está luchando contra el crimen organizado en El Catatumbo y que gracias a esta lucha han caído 11 puntas de lanza de las actividades ilícitas que allí se desarrollan. Sin embargo, la presencia militar del Estado (la cual se incrementó el 27 de abril con la llegada de 2.000 soldados a la región) no es suficiente para salvar a los habitantes de los municipios afectados. Debe reclamarse mayor inversión social y presencia institucional que permita verle una nueva cara a este importante territorio. Más educación, mejor prestación del servicio de salud, más ayudas a los campesinos para trasladar y comercializar sus productos, más oportunidades de empleo y mayor calidad en infraestructura vial para conectar a todos estos ciudadanos con el resto del país.
En los días de tregua del paro armado se perdió una gran oportunidad de inversión social para El Catatumbo, ya que por temor a ser retenidos o no poder transportarse hacia Tibú, el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas faltaron a su cita con las comunidades del Pueblo Barí, etnia con la que estaba proyectado iniciar el proceso de consulta previa para instalar el Plan de Salvaguarda y el Plan Integral de Reparación Colectiva. Para ellos no hubo garantías para el desarrollo del evento, y menos teniendo en cuenta que el Epl amenazó directamente al alcalde de Tibú, Jesús Alberto Escalante, mediante un panfleto al que esta guerrilla llama comunicado, y que deja claro que en El Catatumbo la guerra se está devorando todo, hasta el ejercicio del poder ejecutivo, un síntoma claro de que estamos perdiendo la batalla contra los actores armados ilegales.
Tiene razón Escalante cuando dice que en El Catatumbo la situación no se va a transformar por aumentar el pie de fuerza en 2.000 o 20.000 hombres, y que la única manera de fortalecer al campesino es alejándolo de la economía ilegal, mediante el apoyo a la siembra y transporte de cultivos lícitos. Este, por ejemplo, podría ser el primer paso de una serie de acciones que debe realizar el Estado, si quiere evitar que El Catatumbo sea devorado por completo.
