Como no se tenía, ni se tiene todavía, una vacuna definitiva que pueda parar la pandemia del COVID-19, para este mal planetario no hay barrera. Solamente los protocolos de bioseguridad obran como paliativos contra el contagio. Y nadie es responsable de esa desgracia letal. Están exonerados de culpa los gobiernos  y las entidades que intervienen en el manejo de las comunidades en diferentes instancias, en la órbita nacional o en el conjunto internacional.

Pero otra cosa es el manejo que se le de a la enfermedad y a sus devastadores efectos. Colombia, precisamente, no es un modelo de acierto. La realidad ha puesto de presente la agudización de los problemas de la desigualdad social, ante lo cual el gobierno se ha quedad corto, porque a las necesidades de los sectores donde ha sido mayor el impacto de la insolvencia, no les ha garantizado una ayuda suficiente. En cambio, a los de reconocida holgura económica les ha entregado el más alto porcentaje de los recursos disponibles. Los indicadores son la radiografía de la falta de equidad en el reparto.

A las carencias sociales se agregan, la tendencia autoritaria de gobierno, el recrudecimiento de la violencia y la intencional disminución de la democracia. Pero allí no para el deterioro institucional. En el gobierno y en el partido de gobierno se ha montado una especie de guillotina del odio, consistente en estigmatizar todo lo que se aparte de la marca oficialista. Hasta los fallos judiciales que no correspondan a sus intereses son desconocidos en forma olímpica con sofismas por demás deleznables.

La guillotina del odio es activada con las mentiras sobre castrochavismo, que es munición de intimidación para incautos. De la misma hace parte la muletilla de responsabilizar al expresidente Juan Manuel Santos de todo lo que le sale mal al gobierno. Otra pieza es la manida versión según la cual los excombatientes de las Farc con curules en el Senado son usufructuarios de un premio de impunidad como si otros prohombres del establecimiento no estuvieran sindicados de hechos atroces. Las curules son producto de una negociación legal para ponerle fin a la guerra que el Estado no pudo ganar militarmente.

Es inconsecuente, por decir lo menos, que en una nación como Colombia, con tantos problemas graves acumulados, la política se asuma con talante de mezquindad, bajo la presión de los odios personales, cuando debiera ser escenario de debates sobre ideas y programas que puedan marcar un rumbo nuevo.

La paz que se pactó con las Farc pueda que necesite ajustes para mejorar los objetivos propuestos, pero fue un paso histórico que debió apoyarse con decisión y no exponerse al destrozo de la guillotina del odio. Así no se engrandece la patria de que tanto hablan los que ahora son dueños del poder con pretensión hegemónica.

Puntada

El asalto armado contra el carro en que se moviliza la dirigente Piedad Córdoba pone en evidencia la situación de inseguridad predominante en Colombia. Sin embargo, para el Gobierno no pasa nada. En todo caso, la recia defensora de la democracia, líder de verdad,  no se deja espantar. Tiene fortalezas suficientes.

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