Para hablar de una política ambiental en Colombia, debemos plantear unos conceptos mínimos. Primero, el calentamiento global es un asunto mundial, así un país sea un emisor muy bajo de gases efecto invernadero, pues no existe un emisor cero, va a sufrir los efectos del cambio global si hay países que si son grandes emisores.
Por lo tanto, lo importante es no solo no ser un emisor de gases efecto invernadero, sino impulsar su control mundial. Segundo, Colombia es un emisor bajo por su pobre desarrollo industrial y su base de generación eléctrica a base de hidrogeneración; últimamente ha crecido por la tala de bosque para sembradíos de coca en el marco de los acuerdos Santos-farc. Tercero, la política ambiental es siamesa con la política energética de un país, lo cual es una obviedad, pues todavía hoy la mayor parte de la energía viene de fuentes fósiles, el motivador del calentamiento global.
Respecto al primer punto, así como Colombia es un bajo emisor de gases efecto invernadero, así también es muy baja su influencia multilateral para poder influir en un acuerdo mundial. Su influencia en el asunto es muy marginal. Colombia ocupaba a 2018 el puesto 142 por emisiones per cápita de gases de efecto invernadero, lo cual refleja su condición de bajo emisor, así que hacer un gran esfuerzo de reducción de gases efecto invernadero solo lo descolgaría en la tabla, lo cual no quiere decir que deje de hacer esfuerzos para mejorar su control de emisiones.
Pero esa condición de pequeño emisor favorece el no tener una política energética y, por ende, una política ambiental. Colombia es un país que genera sus ingresos principalmente de la venta de combustibles fósiles hidrocarburos y carbón. Por eso la empresa más importante del país es Ecopetrol el monopolio estatal de hidrocarburos.
Aunque varía con el precio del crudo y el nivel de producción, en un gran promedio podríamos decir que Ecopetrol obtiene la mitad de sus ingresos del mercado nacional; Ecopetrol, con esta extracción de rentas, al fijar los precios de combustibles según necesidades presupuestales de hacienda, es la herramienta del gobierno para manejar sus cuentas nacionales. Por eso su manejo no es el de una empresa petrolera o de energía típica, sino una especie de holding financiero.
Cualquier política agresiva contra el uso de hidrocarburos tendría un grave efecto sobre las finanzas estatales y por eso no se va a hacer. ¿Debería Colombia abandonar su dependencia de materias primas y romper la mentalidad rentista, reorientándose hacia una economía más basada en valor agregado, que a su vez sea más sostenible? La respuesta teórica es obvia: claro que debería hacerlo. Pero en la práctica, el modelo político colombiano nunca ha mostrado intenciones de abandonar esa concepción de extracción de rentas, y desde 1991 se profundizó con una concepción socialistoide de un estado gigantesco que ha debilitado de manera grave la economía de mercado y ha hecho omnipresente la presencia del estado en el tejido social. Ello lleva a la justificación de la necesidad de ingresos estatales crecientes, como hemos visto en la última racha de reformas tributarias y en el desarrollo de una jurisprudencia cada vez más contraria a una fuerte economía de mercado. En Colombia parece que la única senda viable es hacia abajo.
Por eso cuando oiga hablar de planes ambientales en Colombia, sepan que son maquillaje llenos de presentaciones en power point sin posibilidad de ejecución. Es burocracia pura haciendo lo que mejor saben hacer: presentaciones y discursos. No habrá una política ambiental seria, mientras que no haya una política energética seria, y no habrá una política energética seria mientras tengamos un modelo político-económico extractor de rentas y con giro a la izquierda.
El cambio climático nos va a afectar y nos encontrará sin plan de adaptación. Seguir como vamos y hacia dónde vamos es ya no solo un riesgo socio-político sino un riesgo natural.
