Es cuando los focos de las cámaras ya están buscando al sucesor, y las noticias se concentran en las elecciones que se avecinan.
Al presidente Iván Duque lo criticaron duramente desde el inicio de su gobierno por las características de su personalidad que, quizás, en otro momento eran las cualidades que los ciudadanos consideraban más atractivas: Que era joven, lo que indicaba que llegaba con nuevas ideas; que su trayectoria no era la de un curtido político, lo que lo hacía ajeno a los vicios de las viejas escuelas; que estaba apoyado por partidos fuertes, lo que garantizaba su gobernabilidad.
Pero, en el caso del nuevo presidente, todo eran falencias y defectos. ¿Por qué? Simplemente porque había derrotado al gobierno que manejó con astucia y cinismo los hilos del poder, no sólo gubernamental, sino el de los medios de comunicación, el de la comunidad internacional y el de la insurgencia que se arrellanó a su lado cómodamente.
Es fácil entender que en los resultados de una encuesta pesan demasiado los medios de comunicación y, naturalmente, cuando ellos se dedican a criticar y desprestigiar a alguien, las consecuencias son la baja popularidad. Esa es, en parte, la situación que ha vivido Duque.
Sin embargo, a pesar de las dificultades por las que ha atravesado, el gobierno ha tenido un desempeño encomiable. No hay que dejar de reconocer, también, los errores y problemas que han surgido en varias de sus dependencias.
Una actuación valerosa del presidente, que ya cayó en el olvido, fue la de sus relaciones con el Congreso para preservar la independencia de la rama legislativa desechando la práctica de otorgar prebendas y gajes a cambio de votos. Los politólogos improvisados consideraron que era una ingenuidad que le impedía tener gobernabilidad.
No le fue fácil, por supuesto, lograr la aprobación de los proyectos de ley, y algunos se hundieron inevitablemente. Esos obstáculos le han surgido a, prácticamente, a todos los gobiernos. Traigo como ejemplos el hundimiento de las reformas constitucionales concebidas por los gobiernos López Michelsen y Turba Ayala que fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. En ellas había avances importantes para la organización política y el desarrollo del país. El presidente Virgilio Barco tuvo que retirar del Congreso su reforma constitucional, porque allí se le introdujo, de manera inexplicable, la prohibición de extraditar a colombianos.
Contra el pesimismo y descalificaciones surgidas después del hundimiento de la anterior reforma tributaria, el Gobierno logró la aprobación de una nueva con la cual se recaudarán 15,2 billones de pesos; se introducen facilidades para los pagos tributarios y se calculan ingresos de 3,8 billones de pesos por la enajenación de activos, entre otros avances, destinados a atender las necesidades de los más golpeados por la pandemia y reactivar la economía del país.
Tres cosas quiero resaltar de esta reforma: En primer lugar, la generosidad del sector empresarial para pagar más impuestos; luego, las medidas de austeridad en el gasto público, y tercero, la adopción de la Matricula Cero para que unos 700.000 jóvenes de menores recursos puedan estudiar una carrera.
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