Hace unos días, se conoció la noticia relacionada con la petición realizada por los representantes de las empresas que prestan servicio público de pasajeros tipo bus y buseta de nuestra ciudad, al Ministerio de Transporte, en la cual solicitaban que el gobierno nacional, aplicara los mismos incentivos que se aplicaron al servicio especial (transporte de estudiantes, turistas, servicio expreso), como consecuencia de la pandemia.
Dentro del cuerpo de la nota periodística, se publicaron apartes de la respuesta del ente rector del transporte, negando la petición toda vez que la viabilidad debería tener como soporte legal, la modificación de una Ley de la República.
Es importante señalar, que son muchos los automotores de servicio público que han cumplido su vida útil y en consecuencia, son objeto de chatarrización como quiera que es muy evidente el regular y pésimo estado técnico mecánico de muchas de estas unidades, aspecto que no es un secreto sino una queja permanente de los usuarios, que dadas las circunstancias de ubicación en estratos menos favorecidos, deben soportar parte del monóxido de carbono que producen los motores de vehículos con dudables procesos de mantenimiento y de ahí parte del inconformismo.
Sumado a lo anterior, las sillas de varios de estos vehículos, solo tienen el rastro de lo que fue una cojinería y cuando has transcurrido varios minutos, el pasajero prefiere ir de pie porque es insoportable el impacto que se sufre cuando los automotores atraviesan la mayor parte de los barrios, con calles en total deterioro.
Es indudable que la pandemia ha dejado y seguirá dejando vacíos financieros en la mayor parte de los sectores en los que interviene el desarrollo del país, pero con el respeto que me merecen los representantes legales de tan importante servicio público, lo solicitado al Presidente y Ministra de Transporte es totalmente inconveniente para los usuarios y para los demás ciudadanos que debemos observar el paso de buses y busetas, arrojando grandes cantidades de contaminantes como una clara evidencia de que sus motores han cumplido su vida útil y lo único que debieran hacer, es dar cumplimiento a la norma que obliga la chatarrización, como una clara muestra de responsabilidad social empresarial.
Considero que el gremio del transporte ha sido fuertemente golpeado, pero la solución no está en lo planteado sino en gestionar ante el gobierno nacional tasas de créditos favorables y por lo menos dos años de gracia en materia de pagos, para que los propietarios de estos vehículos puedan renovar sus unidades dentro del Plan Maestro de Movilidad.
Finalmente y no menos importante lo constituye la permanente duda que nos asiste a los ciudadanos en el proceso de renovación de algunos certificados de revisión técnico mecánica y de emisión de gases expedidos por los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), cuando es muy común encontrar verdaderas “cafeteras” con deterioro total del sistema de suspensión y como complemento carrocería y sillas totalmente destrozadas, concluyendo que las distancia entre el servicio especial al trasporte colectivo es muy extensa y por lo tanto lejana la posibilidad de que se atienda la petición.
