Ahora que se ha abierto el debate para que las regiones puedan llegar a manejar mayores volúmenes de transferencias presupuestales de la nación (hoy equivalen al 23,5%, y se aspira a que con la aprobación del proyecto de ley estas pasen a incrementarse gradualmente hasta llegar a representar el 39,5% en diez años) debemos poner de presente varias situaciones.

En primer lugar, está bien que se tenga en cuenta a las regiones para que manejen mayores recursos y puedan estar en capacidad de atender sus múltiples necesidades, pero debe ser sobre la base de tres criterios fundamentales: que exista un mayor equilibrio en esas transferencias, que se fortalezcan los mecanismos de planeación y que se garantice el control del gasto.

En el primer caso, es importante tener en cuenta la desigualdad reinante en el país en donde existen regiones con una gran concentración de inversión que les han permitido desarrollar servicios públicos eficientes, vías de excelente calidad, instrumentos de generación de riqueza y de empleo; y otras, que se encuentran hasta un siglo atrás, pues carecen de todo lo elemental como los departamentos de los antiguos territorios nacionales, El Chocó, la Guajira, el bajo Cauca y en general la Costa Pacífica. Allí existe una deuda social enorme que es necesario enmendar.

En el segundo punto, los sistemas de planificación tienen que ser una realidad, y esa deficiencia es notoria en las regiones más débiles, por que no existen recursos para invertir en la concepción y diseño de proyectos futuros, o porque no disponen del talento humano que los pueda desarrollar.

Y en cuanto al tercer punto, El control sobre los recursos que se van a transferir tiene que ser un imperativo, para que esas sumas realmente puedan tener un impacto en la inversión. La experiencia que tenemos con las regalías en Colombia es lamentable; por un lado, se han hecho proyectos faraónicos y suntuarios que no tienen ningún efecto sobre la atenuación del problema social de los habitantes de las poblaciones beneficiadas, y se aprovecha para que el dinero quede en manos de contratistas inescrupulosos en donde no hay control de calidad, ni verificación de cantidades de obra, ni tampoco de los costos reales de las mismas.

Y, por otro lado, ha sido tanto dinero que se ha recaudado por este concepto, que en el ministerio de Hacienda existen muchos billones represados. Porque no hay proyectos de inversión para ser utilizados, lo que quiere decir que las regiones están llenas de necesidades y con la plata guardada debido a la incompetencia de los gobernantes de turno.

Quedan faltando dos debates para la aprobación definitiva del proyecto de ley, en donde se puede aprovechar para precisar estos criterios de gran importancia.  

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