Por lo menos dos candidatos a la alcaldía de Cúcuta, refiriéndose al caos de la movilidad en la ciudad, coincidieron, al igual que la mayoría de los conductores, en que el convenio con la policía nacional para “dirigir” el tránsito debe liquidarse.

Con la conservación de este convenio, muy costoso por cierto, que en nada ha contribuido a la fluidez del tráfico automotor en nuestra capital, los trancones o las “colas infernales” han crecido  en forma vertiginosa y exponencial y ya se ven en casi todas nuestras vías. 

Es un viacrucis pensar en tener que ingresar al centro de la ciudad, donde rinde más caminar que ir en carro.

La función principal de la policía es la seguridad ciudadana y que el orden público se mantenga, previniendo la comisión de delitos, deteniendo y poniendo a disposición de los fiscales y de los jueces a los infractores de las leyes. Entonces, que se dediquen a eso, y sólo a eso. 

Pero aquí, como en otras ciudades del país, les adicionamos la función y los dotamos de autoridad de tránsito. Y en desarrollo de esa función adicional, la policía de tránsito, sólo se ha dedicado a perseguir a los conductores que violan las normas del Código Nacional de Tránsito, instalando retenes en cualquier lugar sin las especificaciones requeridas en las normas en cuanto a presentación, número mínimo de uniformados, ubicación, duración y equipo necesario. Es decir, a realizar retenes ilegales sin los protocolos de instalación y ejecución establecidos por el Código. Y esto les puede salir muy caro a los policías el día que un ciudadano que conozca la Ley los denuncie penal y disciplinariamente. 

Y lo más grave es que no aumentan los comparendos y de contera los ingresos al municipio para el mantenimiento de la malla vial como prioridad.  

Cómo se explica que miles de carros y motos de matrícula venezolana que circulaban en el área metropolitana no contaran con el Soat ni con la revisión técnico mecánica tal como se puede constatar con las aseguradoras y  los centros de diagnóstico de Cúcuta, ante  el inusitado aumento de la demanda de estos requisitos  por la obligación perentoria de los propietarios y/o tenedores de estos vehículos de cumplir las normas de tránsito para poder registrarlos de conformidad con la Ley 1955 del presente año. Estaban pasando de agache, se presume,  en un contubernio necesario  entre conductores y policía de tránsito. Parodiando a un personaje de las comiquitas: “Se exige una explicación”. Mientras que los ingresos del municipio siguen estancados. 

El municipio debe pensar en contar con dos grupos de agentes de tránsito, uno para el control de las normas del Código Nacional de Tránsito y el otro exclusivo para dirigir o regular el tránsito en los puntos críticos de la ciudad. Este último grupo se podría crear en convenio por ejemplo con el Sena, para ser desarrollado por sus estudiantes. 

Hace muchos años el municipio de Cúcuta suprimió la nómina de los agentes de tránsito por la corrupción que reinaba. Ahora, con el cambio que se dio, todo indica que la cosa sigue igual.