Resulta muy preocupante que, dentro del escenario de las empresas prestadoras de salud, EPS, aparezcan tantas crisis en periodos tan cortos, en donde se ha tenido que acudir, solamente dentro del mandato del presente gobierno, a ordenar la liquidación de 13 de ellas que prestaban el servicio de salud a 9,3 millones de afiliados; la última fue Medimás, que abarcaba 1,5 millones de usuarios.

Las fallas detectadas, no solo están en la indebida prestación del servicio, sino en situaciones como el incumplimiento de pagos con las clínicas y hospitales y la carencia de certeza sobre la debida utilización de las cuotas que recaudan de los usuarios.

Esta situación hace presentar todo un doloroso panorama, pues además de los enfermos mal atendidos, o no atendidos, coloca a las entidades hospitalarias en verdaderos aprietos, pues ellas sí prestan el servicio, pero no les pagan, ocasionando problemas de caja y enormes dificultades para poder subsistir, pues las cifras resultan ser multimillonarias, situación que se hace inmanejable para cualquier entidad.

El ministerio de salud tiene que pensar en la creación de un duro estatuto, en donde se defina con toda claridad cuáles son las condiciones para poder operar, y cuales las garantías, para asegurar la prestación del servicio en condiciones óptimas y decentes. Así mismo, establecer los niveles de control que permitan identificar dentro de los tiempos reales, las deficiencias percibidas, así como la indebida utilización de los recursos que manejan.

Si eso no ocurre, estamos exponiendo a millones de colombianos a que su salud quede descuidada y en grave peligro de empeorar; sin perder de vista la forma como quedan expuestos las clínicas y hospitales, que al no recibir los pagos oportunos por la atención a los pacientes que les son remitidos, los condenan a un preocupante estado de iliquidez, en donde se compromete la estabilidad de estas instituciones.

La frecuencia con que se están ordenando las liquidaciones de las EPS, deja al descubierto graves situaciones, que en estos momentos han significado que se han vean afectados el 17% de los colombianos, que resultan ser los afiliados a esas 13 entidades sobre las cuales han pesado las ordenes de liquidación.

Es realmente doloroso para los colombianos, que tan periódicamente se vean involucrados en garrafales fallas que tienen que ver con la atención de sus derechos fundamentales, como es este caso, cuando la atención de salud queda embolatada y las terribles consecuencias a la vista.        

Este sin duda es un caso que amerita reformas urgentes y que debería estar en la agenda prioritaria de las respectivas autoridades.