El golpe letal de la COVID-19 ha agudizado en Colombia las azarosas condiciones de vida que asedian a la mayoría de sus habitantes. O ha visibilizado mucho más la situación de pobreza colectiva, la acumulación de necesidades insatisfechas, los crónicos problemas que agobian en una cobertura generalizada, a pesar de la demagogia oficial, los discursos mentirosos de los funcionarios de gobierno, de los políticos en trance electoral y de los propagadores de engaños calculados. La realidad es bien distinta a la versión maquillada de quienes se lucran del poder con abusiva avaricia.

Colombia es una nación con déficit en atención a la salud, en provisión de empleo, en educación, en derechos fundamentales. Hay carencias en vivienda y es desmedida la desigualdad en oportunidades para acceder a los bienes esenciales. El régimen feudal aplicado en la tenencia de la tierra es un factor de empobrecimiento de la población campesina y de atraso en el desarrollo, con desplazamiento incluido. Es, además, matriz de la violencia o caldo de cultivo del conflicto armado, que en Colombia tiene la persistencia de un mal inagotable, recurrente, aferrado a las atrocidades de sus actores en todos los bandos de la confrontación. El asesinato diario de los líderes sociales de prueba irrefutable.

Ese entramado se alimenta del errático manejo de los problemas con mayor peso en la nación. El debilitamiento del proceso de paz promovido durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) y que hizo posible el acuerdo con las Farc y la consiguiente desmovilización de más de diez mil combatientes de esa guerrilla, es traspiés desastroso. Preferir la prolongación de la lucha armada a la reconciliación es de un extravío estrepitoso. Tanto más cuando se tiene la experiencia según la cual no hay manera distinta de salir de esta guerra que con una negociación que no solamente lleve a la dejación de las armas sino que promueva espacios de cambio para fortalecer la democracia y con esta dejar atrás el ejercicio tramposo de la política y las formas predominantes de abuso del poder. 

La construcción de paz no es solamente la teoría vacía de defensa de las instituciones. Tiene que ser la erradicación de todos los factores negativos que generan situaciones de adversidad.

Está de otra parte ese cáncer de la corrupción, frente al cual se hacen promesas oficiales que no se cumplen. Cada vez que aparece un nuevo escándalo con actores de la cúpula del poder se utilizan las gambetas evasivas hasta asegurar la impunidad, mientras se promete “llegar hasta el fondo”, pero permitiendo que los responsables puedan escurrirse.

Se necesita romper con tantas contradicciones orquestadas desde el poder. Con la repetición de las marrullas evasivas el país no saldrá adelante y seguirá acuñando indicadores negativos, como ha quedado al descubierto en esta emergencia de la pandemia con los actos de corrupción que comprometen a muy distinguidos miembros de la casta que reposa cómodamente en los privilegios surtidos desde el poder.

La realidad de cada día impone reflexión, pero, sobre todo, impone asumir conductas que saquen a Colombia del infortunio.

Puntada

Son repetidas las ligerezas semánticas o de lenguaje en que han incurrido en declaraciones públicas la ministra del interior, Alicia Arango; el ministro de defensa, Calos Holmes Trujillo y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, entre otros. Lamentable.