Cuando se trata de actos de fe, Colombia es experta, y no me refiero a las tradiciones navideñas ni los rituales religiosos que se celebran en esta época del año, sino a actos de fe frente a políticas públicas. 

Los colombianos tratamos de creer en nuevas propuestas para el sector salud, modelos innovadores para mejorar la educación, o cambios normativos para favorecer la creación de empleo, pero siempre terminamos decepcionados. 

Sin importar cuanta fe le ponga la sociedad al Estado, la corrupción y la ineficiencia son lo único seguro, y año tras año, el país profundiza su atraso frente a las demás Naciones. 

Estas son muy buenas razones para perder la fe, sobre todo cuando casi todos los segmentos de política pública están politizados y se piensan en pro de  las victorias electorales y no del avance socioeconómico. 

Sin embargo, hay un rubro que podría (o debería) renovar la vitalidad del ‘fervor’ de nuestra sociedad en lo público: Las concesiones 4G. 

Desde su nacimiento en 2014, hasta ahora, han logrado más de lo que se ha hecho en décadas, y con mayor transparencia y menores riesgos para el erario. 

Los proyectos 4G han estado siempre en el radar mediático, pero por las razones equivocadas. 

La lupa de los medios se ha concentrado en las formas en las que estas grandes obras podrían fracasar y en cómo esto sería fatídico para el desempeño del país, pero no en la cadena de beneficios que suponen para el país. 

La Cuarta Generación de Concesiones Viales de Colombia (4G) es lo que nos va a permitir tener un país nuevo, y no en treinta o cuarenta años. 

Con la culminación de los más de 40 proyectos que se están gestando, en diez años el país será otro y tendrá indicadores de competitividad similares a los de México o Brasil, los cuales son actualmente los líderes regionales en la materia. 

La construcción y rehabilitación de más de 8.000 kilómetros de vías, entre doble calzadas, viaductos (1.300) y túneles (159) significará una disminución en costos logísticos, tiempos de desplazamiento y sobre todo, una menor brecha entre la frontera agrícola y las urbes de comercialización y distribución de productos. 

Karmas como el del Túnel de la Línea se acabaron con la llegada de las 4G, gracias a los ajustes normativos que se hicieron para contratar, en temas jurídicos, financieros y de riesgos. 

En primer lugar, todos los 4G deben ejecutarse con financiación y capital privado. Los constructores deben garantizar una financiación total de los proyectos para poder iniciar obras, y además, deben poner capital propio (alrededor del 30% del costo del proyecto). Actualmente, las mayores fuentes de financiación están representadas por la banca privada y los bonos. Sin embargo, las 4G son tan prometedoras que están atrayendo la inversión de fondos de pensiones y aseguradoras. En segundo lugar, en esta generación se promovió un mejoramiento en los estudios previos en la estructuración técnica, ambiental, legal, social y financiera del proyecto, y una mayor carga de responsabilidad para el constructor, el cual deberá asumir el riesgo predial, ambiental, de redes, y social, en formas que antes no se pensaron. En tercer lugar, el pago a las concesiones está supeditado a dos cosas: culminación del proyecto en los tiempos establecidos y los estándares de calidad del mismo. 

Todo esto marca la diferencia frente a generaciones anteriores de infraestructura vial, las cuales permitían el pago de anticipos en los proyectos por parte del Estado independientemente del cumplimiento del servicio, y estuvieron caracterizadas por un bajo desempeño, causando, inevitablemente, un rezago en la infraestructura y competitividad del país.

Es cierto que las 4G debían hacerse antes de la acelerada apertura económica que se dio en Colombia a causa de la generación de múltiples Tratados de Libre Comercio, para haber aminorado los costos de transporte de mercancías desde el interior del país hasta los puertos de exportación. Sin embargo, esta crítica no puede ser una razón para desechar unos esquemas donde prima la celeridad y calidad, y donde, además, se generarán 180.000 empleos para superar décadas de atraso en infraestructura vial.