Luego de una semana de movilización indígena en el suroccidente colombiano (en los municipios de El Cairo y Cajibío), los bloqueos en la vía Panamericana por parte de 30.000 manifestantes de diferentes etnias del departamento del Cauca persisten y continuarán, de no contar con la presencia del Presidente Iván Duque, según lo han expresado diferentes voceros del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca). 

Los indígenas de los pueblos Nasa, Kokonuko, Misak y Paez coinciden en que tanto la manifestación como los bloqueos viales (que han dejado pérdidas por diez mil millones de pesos, según Fenalco) son necesarios para defender la vida y el territorio, que están siendo vulnerados por la falta de cumplimiento de los acuerdos en materia social, económica, cultural y humanitaria que se establecieron durante los gobiernos del expresidente Santos y que requieren un compromiso del actual mandatario. 

La situación que describe Érika Giraldo, vocera del CRIC, se repite en todo el país: Hay resguardos indígenas en condición de pobreza extrema, como sucede en Norte de Santander, donde comunidades barí, tanto del Resguardo Motilón Barí como del Resguardo Catalaura La Gabarra, viven necesidades y extremas carencias, donde se vulneran no sólo los derechos humanos, sino el principio básico de la dignidad.

Es indiscutible que la política indígena requiere atención en todo el país, a pesar de los avances que se han logrado gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional a favor de la protección y autonomía de los pueblos indígenas, y a los programas y proyectos que se han generado desde el nivel nacional. Falta compromiso y acompañamiento por parte de las entidades locales y regionales, empezando por las gobernaciones. 

El pretexto que impera para no operar en materia de sujetos étnicos tiene que ver con la falta de asignación presupuestal. 

Sin embargo, las situaciones que viven los pueblos indígenas en Colombia pueden solucionarse con la suficiente voluntad política, a través de planes de acción que a menudo no requieren movilización de recursos económicos, sino humanos (con los que ya cuentan las distintas Secretarías y despachos). 

Las necesidades de las comunidades indígenas en el país difieren radicalmente de las necesidades de la población urbana, y no están relacionadas con el acceso a bienes y servicios de gran tamaño y costo, sino con aspectos básicos de salud, educación y seguridad alimentaria. 

Para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas, como las del Pueblo Barí en nuestro departamento, es suficiente con generar planes para comercializar productos agrícolas que son cultivados por los indígenas y que constituyen su única fuente de alimento durante meses, o peor, se pudren y se desperdician sin remedio; brigadas de salud con profesionales médicos que ya se encuentren contratados en las diferentes instituciones que brindan atención médica en los municipios; gestión ante las entidades encargadas de devolverles sus territorios, al igual que titular y sanear sus resguardos; además de capacitación y apoyo técnico en el manejo de residuos sólidos al interior de los territorios ancestrales. 

Hace falta la aplicación de un enfoque diferencial en los sistemas y servicios que presta el Estado como organización política y jurídica que ejerce el control de un territorio y autoridad sobre una población: Salud con enfoque étnico, esquemas etnoeducativos, aplicación de justicia propia y fortalecimiento de la guardia indígena, aspectos que no requieren de millonarias sumas sino de empatía y esfuerzos políticos. 

Se requieren muchas acciones, sí, pero sobre todo, un  cambio de chip de los líderes políticos y un reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas para el desarrollo de una Nación pluriétnica y multicultural, y del rol que juegan estos en la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y otros bienes inmateriales que no tienen la misma importancia para la población urbana o las comunidades rurales no étnicas. 

Sólo cuando el Estado ejerza una verdadera protección de la cosmovisión de estos pueblos y sus formas de vida, se detendrán las mingas y las protestas. No es con la asignación de recursos y la constitución de mesas técnicas y compromisos en actas, sino con la ejecución de planes con alto potencial e impacto, que no siempre significan transacciones económicas.