Amables lectores: Uno de nuestros símbolos patrios es el escudo de Colombia, donde se destacan dos importantes palabras, Libertad y Orden como lema que enmarca los principios rectores de nuestra sociedad, pero infortunadamente estos quizás nunca se inocularon en el seno de nuestra comunidad. La historia y los actuales hechos parecen indicar que el lema se convirtió en violencia y anarquía.
Libertad es la facultad natural del ser humano para obrar de una u otra forma o incluso de abstenerse, por lo que es responsable de sus actos. Lamentablemente, muchos confunden libertad con libertinaje y pretenden que la primera es hacer cuanto se les viene en gana desconociendo los derechos de otros e incluso violando la ley. La libertad, como cualquier otro instrumento, debe ser bien entendida y bien utilizada para no lesionar a terceros. Sería conveniente revisar en la estructura del Estado moderno cómo se está transmitiendo el concepto de libertad a las futuras generaciones.
El Orden, según la RAE, es un conjunto de reglas, leyes y sobre su estructura se construye una sociedad.
La Constitución política de 1991 introdujo un nuevo orden social, con una visión ontológica del zoom político con vocación política capaz de integrarse a la polis, logró superar el instinto primitivo de agredirse entre sí, propias de organizaciones cavernarias.
Ante el reconocimiento de derechos fundamentales, mejoraron indiscutiblemente las condiciones de vida de las comunidades colombianas que ahora se ven amparadas por el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la salud, al buen nombre, a la libre expresión, a la vida en familia etcétera. Bajo el lema Libertad y Orden es incomprensible el accionar del Estado frente a situaciones como la del paro camionero donde se viola abiertamente el derecho a la movilidad o libre tránsito por las distintas vías del país, incluido entre otros derechos el de la salud porque muchas ambulancias han sido inmovilizadas impidiendo el transporte de enfermos e insumos a hospitales y clínicas del país. El derecho al trabajo se ve coartado porque muchos conductores son amenazados por querer prestar sus servicios o incinerados sus vehículos.
Se pone en peligro la seguridad alimentaria de un país por no permitir la distribución de alimentos o boicotear la economía nacional produciendo mayor inflación al incrementar el costo de vida y afectar el ingreso del bolsillo de más de 45 millones de colombianos, es decir imponen el bien particular sobre el bien común.
Qué clase de presidente tenemos que se pasa de agache para no escuchar el clamor del pueblo colombiano agobiado por múltiples necesidades como: desempleo, mala remuneración laboral, contratos laborales con muy poca duración, informalidad laboral, deficiente atención en salud, corrupción, que arrasa con recursos indispensables para satisfacer necesidades primarias de la sociedad, elecciones manejadas con el poder corruptor del dinero y muchas otras falencias de la sociedad colombiana.
La Constitución del 91 dice: “Todo funcionario público debe dar ejemplo de transparencia y eficiencia y poner todas las herramientas del Estado al servicio de la comunidad”. Hoy, los colombianos nos sentimos a la deriva en un Estado anárquico sin Dios y sin Ley. El jefe de Estado nos amenaza con el recrudecimiento de la guerra si no respondemos Sí a lo pactado en La Habana y también nos amenaza con más impuestos en la próxima reforma tributaria, nos amenazan con paros de maestros, del poder judicial, de las madres de Bienestar Familiar, de conductores, de campesinos y hasta con los fenómenos de ‘El Niño’ y ‘La Niña’.
Tengamos confianza que el interés común se impondrá sobre el interés particular. Los intereses comunes generan compromisos y obligaciones y podemos afirmar: “Después del caos vino la creación, pensemos en un mejor mañana”.
