El narcotráfico, crecientemente complementado con la minería ilegal, es la herradura floja y sonora que perturba la comprensión y por consiguiente la solución de la realidad de violencia en sus múltiples expresiones, que vivimos y padecemos en Colombia, constituyéndose en una creciente amenaza a la convivencia y debilitando nuestra cepa democrática, golpeada y debilitada pero no vencida.
Y esa herradura no se apretó en las negociaciones de La Habana, al centrarse estas en el análisis del conflicto armado cuando era indudable su claro sentido y alcance político, abordando solo de manera tangencial su realidad actual, nacida de su transformación en los últimos 35 o 40 años, con la aparición y consolidación del narcotráfico. Sin duda, se trató de una decisión con alcance político, necesaria para llegar a un acuerdo de paz formal. El costo de esa decisión se siente ahora, al haber quedado suelta la vaca loca del narcotráfico y sus arandelas.
Ya no es posible dudar que este se había convertido en el centro, en el alma y motor del conflicto y del desbarajuste del país. Escribo lo anterior teniendo presente el origen y sentido de las llamadas disidencias que pretenden continuar con la bandera de la guerra subversiva para cubrir la conservación y acrecentamiento de su negocio criminal; las dificultades para poner en marcha la JEP - el caso Santrich es emblemático ? e identificar los bienes que deben entregar las FARC para resarcir a unas víctimas que además estan frustradas por la falta de verdad en las presentaciones de sus jefes ante la Justicia Especial.
En la misma circunstancia se encuentra el ataque a nuestros parques naturales que han engrosado la fila de los incendios y destrucción de crecientes áreas de la selva amazónica por motivos diversos según los países, proyectos ganaderos y soyeros en Brasil, de ampliación de cocales en Bolivia, de minería en Perú; en Colombia se combinan y sobreponen esas diferentes razones con sus correspondientes responsables: coqueros cuyas siembras deben rotar por la pobreza de los suelos amazónicos privados de su cobertura boscosa, campesinos ocupantes en ciertos casos por años de zonas ambientales protegidas, mineros ilegales, ganaderos, extractores de maderas ? se calcula que el 42% es de tala ilegal-. Y esto sucede en territorios de los parques bajo control de grupos armados ilegales que o protegen a los que desarrollan esas actividades depredadoras o directamente están deforestando y sembrando coca. Son ellos los que expulsaron a los guardaparques de 9 de los 10 parques nacionales amazónicos.
Los grupos armados ilegales sostienen que ellos son dueños y señores de los parques amazónicos y parecería que no fuera una bravuconada sino una triste realidad. La razón es sencilla pues con un retraso de años, especialmente desde la firma de los acuerdos habaneros, la presencia estatal era más que necesaria y obviamente los ilegales buscan bloquearla por todos los medios, utilizando como bandera, una situación real y preocupante, como es la pobreza y falta de alternativas de la población de colonos campesinos presentes en esos territorios, abandonados de la mano de dios y del hombre. Urge la llegada de la autoridad del Estado con su fuerza pública pero acompañada de una política mil veces publicitada y emprendida pero siempre fracasada, como es construir con esas comunidades formas de vida, de trabajo y de aprovechamiento de las riquezas y potencialidades de un ecosistema único, bien diferente del mundo campesino andino de donde procede mucha de esa población colonizadora, que no puede ni debe ser reproducido ni siquiera imitado en esos confines selváticos de este país diverso y único.
Se necesita solo trabajar en armonía con los dictados y condiciones que imponen tanto esas condiciones naturales particulares y como el grado de desarrollo de esos territorios; y debe hacerse en acuerdo entre los colonos, las poblaciones aborígenes y asesores científicos, para no construir conjuntamente un camino de transformación de las condiciones presentes partiendo de lo que estas indican y permiten, única manera de garantizarles a los emprendimientos la sostenibilidad que hasta ahora no han tenido. Esto significa una presencia integral del Estado, no solo militar para confrontar en todos los frentes a una ilegalidad que no solo es violenta sino recursiva. Si esto no se logra, las comunidades campesinas seguirán a merced de la ilegalidad y nuestros parques naturales, que deben ser santuarios de vida, continuaran saqueados inmisericordemente por delincuentes de todos los pelajes y condiciones. Lo que hoy sucede debe avergonzarnos como nación y obligar al gobierno a actuar con prontitud, decisión y mucha in
teligencia, para no repetir los viejos errores nacidos de desconocer la realidad.
