Desde hace bastante tiempo, los colegios públicos y privados del país, vienen siendo requeridos para que le coloquen el mayor cuidado posible a dos situaciones que resultan en extremo graves: el bullying, o la intimidación, y el acoso sexual.
La población escolar de los niveles de colegio resulta ser en extremo vulnerable, no solo por no haber alcanzado la mayoría de edad, sino porque se trata de un segmento de individuos cuya personalidad apenas se está formando y todavía no existen el carácter, el libre juicio, ni el suficiente conocimiento de los escenarios de la vida.
El bullying aparece siempre cuando existen unas condiciones de desventaja o de inferioridad, y los jóvenes de mayor astucia saben identificar esas condiciones, para imponer parámetros de conducta, establecer marginamientos o construir víctimas en quienes puedan descargar sus egos, su perversidad y sus malas intenciones.
Esta situación, según los psicólogos y psiquiatras, lleva a las víctimas a padecer verdaderos escenarios de traumatismo, en donde aparecen estados preocupantes como depresión, tristeza, soledad, ansiedad, pérdida de sueño, desórdenes alimenticios, tendencias de fracaso y hasta inclinaciones suicidas.
Por lo general los afectados no cuentan su situación, prefieren vivir en soledad el drama, lo que termina agravándolo; y a veces, cuando deciden comentarlo, no encuentran los canales apropiados para abordarlo, ni por parte de sus padres, ni tampoco dentro de los respectivos estamentos escolares, lo que termina produciendo graves afectaciones en la personalidad de los jóvenes.
Y a esto se suma la presencia de desadaptados sexuales, no solo entre ciertos maestros, sino también entre sus mismos compañeros de estudio y muchas veces cuando llegan a evidenciarse, el daño está ya hecho, pues la víctima nunca supo cuál era el procedimiento para actuar o denunciar, porque sobre ese aspecto no la instruyeron ni en su casa, ni tampoco en el colegio. Las denuncias abundan y son escandalosas y en extremo preocupantes.
Todo esto hace pensar en la implantación urgente de políticas que permitan implantar parámetros de comportamiento y protocolos de acción, para que cada quien en un establecimiento escolar, sepa que su irregular conducta no es tolerable y será efectivamente perseguida y castigada. De otro lado, para que las potenciales víctimas sepan también como deben actuar, frente a los casos particulares que tengan que enfrentar. Y por otro lado, que los mismos maestros tengan en cuenta que es su deber identificar las alteraciones de comportamiento de sus alumnos, para que se pueda indagar y establecer el motivo de su perturbación, de tal manera que se le pueda brindar la atención adecuada y oportuna.
No podemos de ninguna manera dejar que las víctimas crezcan, y con ellas también la impunidad. Estamos frente a un problema social de enormes consecuencias, que genera toda clase de injusticias y desequilibrios, que de ninguna manera se deben existir. Le corresponde entonces al Ministerio de Educación definir los urgentes parámetros de acción en estos delicados asuntos.
