Gracias a la aprobación de la Ley 2020 del 2020 que creó el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, podemos los colombianos dimensionar la magnitud del despilfarro de recursos públicos a lo largo y ancho del territorio nacional.
A partir de la promulgación de la citada ley, los representantes del gobierno nacional y locales están en la obligación de registrar las obras inconclusas y otras que concluidas se encuentran abandonadas sin prestar ningún servicio, dependientes de su respectiva cartera o región, que a la fecha suman 1.527 por un valor aproximado a los 25 billones de pesos distribuidas en educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico etc.
En Norte de Santander, 14 administraciones (excepto Cúcuta), hay, según el reporte, obras por más de 121.000 millones de pesos y en Cúcuta una suma similar.
El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Urbanización Cormonares, la nueva terminal de transportes, el parque Metropolitano, Cine Atalaya, sede del Seguro Social barrio Gaitán, Interferias, mercado el Contento, parque Bavaria (parqueadero subterráneo), el Cenit, estadio de atletismo, acueducto de Buena Esperanza y el recién inaugurado puente Benito Hernández, son monumentos a la desidia y al vergonzoso despilfarro en nuestra ciudad capital.
Y los órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, inclusive el Congreso, las asambleas y concejos municipales, que adelantan, entre comillas, un control político, no lo hacen, por lo menos para conocimiento de la ciudadanía de quienes son los responsables, todos inanes, como simples espectadores observando sin ningún pudor como prescriben o se archivan las investigaciones.
Las reglas y principios que rigen la contratación estatal, violada sin piedad, en este caso el de la planeación que la ilumina, lo mismo que a la función administrativa y es vinculante en todo lo relacionado con los contratos del Estado, que no puede ser producto de la improvisación y determina el camino o ruta a seguir, conductor de la culminación del objetivo trazado.
No son necesarias reformas tributarias sino un manejo eficiente de los recursos públicos, que los órganos de control de verdad ejerzan sus funciones constitucionales y eliminen la corrupción y la impunidad, especialmente dentro de sus organismos.
¡Ah! y que no sigan llenando de burocracia a las ías, ya sabemos para qué sirven: ¡para cumplir con los apetitos voraces de la politiquería!
