Atendiendo una invitación de la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto de la Gobernación, en el marco de la 19.ª Fiesta del Libro de Cúcuta, el cinco de septiembre en el Salón de la Memoria moderé el Conversatorio sobre Desaparición Forzada en Norte de Santander.

Debo confesarles que, en el transcurrir de 20 años, en los que he venido liderando procesos de construcción de paz territorial y como funcionario público en temas de conflicto armado, el hecho victimizante de la desaparición es uno de lo que más complejidad e impresión me ha causado.

No es fácil acompañar estos procesos de duelo y de apoyo desde cualquier ámbito. El dolor es muy grande; el miedo y la zozobra nunca se van. La respuesta es casi mínima; es muy duro para todos.

Pero se reconoce como delito de desaparición forzada en Colombia “la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona”.

Por lo anterior, las cortes internacionales determinan que los derechos vulnerados son el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la vida.

Lamentablemente esta práctica sigue utilizándose, y con mayor fuerza, donde están los elementos determinantes.

La desaparición de una persona puede estar relacionada con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir de la intervención de una autoridad competente.

El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) continuó con la labor de investigación y recopilación, y hasta agosto del 2018 reportó 80.000 víctimas de este flagelo en Colombia. Esta forma de violencia es capaz de producir terror, causar sufrimiento prolongado, alterar la vida de familias por generaciones y paralizar a comunidades y sociedades enteras.

El informe afirma que, entre 1970 y 2015, se registraron 60.630 personas desaparecidas forzosamente en el país. Se destacan cifras como: los grupos paramilitares fueron responsables del 46,1% de los casos registrados entre 1970 y el 2015 (un total de 13.562); las guerrillas, del 19,9% (5.849); los grupos posdesmovilización, del 8,8% (2.598); y los agentes del Estado, del 8% (2.368).

Conozco que este fenómeno se ha presentado en 1.010 municipios de los 1.115 del país, y que las regiones más afectadas son el Magdalena medio, el oriente antioqueño y Norte de Santander, entre otros.

En el conversatorio, acompañados de flores, la luz de una vela y las organizaciones de víctimas de este delito, los familiares reclamaban a los presentes, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Gobernación, la Fiscalía General de la Nación y algunas fundaciones, que les devolvieran a sus seres queridos, que ya han sufrido bastante por no tener claridad y certeza de la información de los paraderos, y por supuesto, que se haga justicia y se castigue a los responsables. El ambiente fue muy tenso y nostálgico.

Es deber de las instituciones, organizaciones sociales y políticas comprometidas con este fenómeno, continuar trabajando por la búsqueda de la verdad. Además, es esencial la atención de las víctimas indirectas, insistir en los altísimos niveles de impunidad, y trabajar para combatir la indolencia de una gran parte de la sociedad colombiana ante este drama.