El pasado 14 de noviembre de 2018 se conmemoró, no sólo en Colombia, sino a nivel internacional, el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que se conmemora cada año para generar mayor conciencia sobre esta Enfermedad Crónica No Transmisible (ECNT), que afecta a más de 430 millones de personas en el mundo y que es la causa de muerte de 20.000 personas en Colombia, según cifras de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, por lo que no hay una regulación adecuada del azúcar en la sangre. Esta enfermedad, junto con la obesidad, le cuesta al sistema de salud colombiano 2,5 billones de pesos cada año, según el Ministerio de Salud. Además, la diabetes causa complicaciones en diversas partes del organismo, como ceguera, amputación, daños neurológicos, insuficiencia renal y muerte prematura, por lo que los gobiernos se han preocupado por reducir la expansión de esta pandemia a través de diversos mecanismos, como el control de la publicidad, el etiquetado de los alimentos industrializados y la comercialización de productos que contienen azúcares añadidos mediante incentivos negativos (impuestos). 

Es cierto que Colombia ha logrado progresos en la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes, mediante estrategias como: Inclusión de metas de ECNT en el Plan de Desarrollo; información, comunicación y educación sobre esta pandemia, ejercicio de la autoridad sanitaria; acceso a terapias farmacológicas (tratamientos); y asesoría y asistencia técnica. Sin embargo, ningún gobernante en el país se ha atrevido a dar el paso que la mayoría de países en Latinoamérica ya dieron: Fijar impuestos a las bebidas azucaradas. 

La Asociación Americana de la Diabetes considera como un factor de riesgo para padecer diabetes el consumo de calorías líquidas, es decir, de bebidas azucaradas. A esto hay que añadir que el consumo de azúcares libres o añadidos es un factor importante en el aumento del número de personas que sufren obesidad y diabetes, por lo que un aumento del precio sobre los productos que contienen gran cantidad de azúcares añadidos (como las gaseosas) va a salvar vidas, a la vez que permite reducir los costos para el sistema de salud y aumentar los ingresos para inyectarlos a los servicios de asistencia sanitaria. 

Agregar impuestos para las bebidas azucaradas de la industria salva vidas debido a que contribuye a la reducción de la comercialización y consumo de este tipo de bebidas, y, teniendo en cuenta que en Colombia dos de cada diez personas consumen gaseosas y refrescos diariamente, seguir la recomendación de la OMS respecto de aumentar en un 20% los impuestos sobre las bebidas azucaradas -para reducir la obesidad y la diabetes tipo 2-, sería una decisión acertada en materia de política pública. Sin embargo, esta tiene un gran costo político para quien la impulse, teniendo en cuenta el poder económico y político que ostenta la industria de gaseosas en el país, como quedó demostrado en 2016, momento en el que, mediante argumentos económicos y un debate en el que los congresistas mostraron que estaban más preocupados por las ventas que por la salud, esta propuesta fiscal se cayó. 

Nuevamente tenemos la oportunidad de evitar que las cifras actuales sobre diabetes en Colombia aumentaran (hay más de 3 millones de personas con diabetes tipo 2 y un millón y medio con diabetes tipo 1): Con la Ley de Financiamiento. Transformar el impuesto de monofásico (cobro de impuesto al vendedor) a plurifásico (cobro de impuesto al vendedor y al consumidor), como se está estudiando actualmente, permitiría un aumento del recaudo y a la vez significaría un desincentivo para el consumo de estas bebidas nocivas para la salud. Al respecto, la tributación de las bebidas azucaradas no estaría relacionada únicamente con una necesidad fiscal, sino con un avance en materia de salud pública e cuanto a la diabetes, una de las ECNT. 

Si se aplicara un impuesto del 20% a las bebidas azucaradas, el recaudo sería de 2,5 billones de pesos anualmente, lo que equivaldría al 8,8% del presupuesto de la cartera de salud para el 2019, por lo que vale la pena seguir luchando por este ajuste, en pro de salvar vidas y reducir el impacto de esta enfermedad en el sistema de salud. De esta manera, el país empezaría a dar pasos más arriesgados en pro de luchar contra esta pandemia.