Si bien es cierto, de alguna manera se ha llegado con ayudas alimentarias a ciertas partes de la población vulnerable y a través de decretos legislativos el Gobierno ha adoptado medidas favoreciendo a determinados grupos empresariales, hay otras estrategias que los distintos sectores productivos podrían tomar para dinamizar sus negocios, lo cual representaría utilidades para ellos y alivio para muchas personas en estos momentos de grave crisis.
Veámoslo con un ejemplo pequeño: los restaurantes podrían ofrecer combos y descuentos en sus productos y asumir parte del costo del servicio que presta el domiciliario, y estos, a su vez, comprometerse a no seguir especulando con el valor que cobran por cuenta del servicio que prestan, como ha venido sucediendo. Otro ejemplo: Las empresas de servicios públicos deben, porque pueden hacerlo, ofrecer un descuento por pronto pago a sus usuarios, que traería mutuos beneficios; a los usuarios por el menor valor a pagar y a las empresas porque seguramente contarían con una mayor liquidez. Un ejemplo más: los bancos también pueden bajar las tasas de interés y extender los plazos de los créditos, y las aseguradoras están en capacidad de ofrecer plazos amplios para el pago de las pólizas que amparan los distintos riesgos que ellas cubren sin costos de financiación.
Pero algo que nuestros mandatarios locales deben enfrentar con urgencia es la situación de los miles de inmigrantes que deambulan por el área metropolitana de Cúcuta como ´pedro por su casa´, viviendo de la caridad que los residentes les proporcionan, diseminando de esta forma el virus por cuanto para ellos no hay confinamiento pues deben salir a buscar los alimentos como sea, incluso despojando a muchas personas de sus mercados, tal como ya se ha registrado en muchos lugares.
Ellos saben que los comparendos no les representan ningún inconveniente a futuro por su situación de indocumentados y con la situación del hacinamiento en las cárceles, y máxime cuando se ha decretado una excarcelación masiva de presos, no existe ni la más remota posibilidad de ir a prisión.
Por esa razón, los alcaldes, el gobernador, Migración Colombia y las ONG, están en la obligación, en primer lugar, de hacerlos regresar a su país, y a los pocos que no se les pueda hacer regresar, se les confine en lugares destinados exclusivamente para ellos donde se les brinde alimentación y se observen todos los protocolos necesarios para su seguridad y con ello también se le brinde seguridad y tranquilidad a toda la población del área metropolitana.
Por último, les recomiendo a los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta, que con base en el decreto legislativo # 517 expedido por el Gobierno Nacional, pongan en práctica el alivio para los miles de usuarios de los servicios públicos domiciliarios.
