Hace más de 20 años un colega me llamó y me dijo que estaba haciendo para la CREG un estudio de alternativas ante la posibilidad que el pozo Cerrito-1 fallará y el 12% de la población de Cúcuta, que era la cobertura que permitía atender la producción de ese pozo, se afectará. Me reuní en su oficina en Bogotá y le pregunté cuál era el problema que el alcance del estudio quería atender.
Él me respondió que Cúcuta “tenía” 12 mil viviendas (lo cual daría unos 50 mil habitantes) que estaban atendidos por un pozo que podía fallar y que ellos debían proponer alternativas, siendo la más posible “autorizar” que se distribuyera GLP en cilindros.
Me parecía increíble lo que oía. Le dije Cúcuta no tiene 12 mil viviendas sino que esos eran los usuarios del distribuidor y que no debían “autorizar” distribuir GLP pues Cúcuta tenía en ese momento cuatro empresas de esas, una con más de 40 años de existencia.
Le pregunte si conocía Cúcuta y me dijo que no. Le recomendé que era lo primero que debía hacer. Vinieron, los acompañé, reconocieron su error de percepción de la ciudad y yo esperaba que el estudio fuera innovador después de eso. No. Recomendaron devolver los cilindros de GLP a los incautos que compraron gas natural.
Cuando el gobierno Barco lanzó el plan gas, el soporte del plan fue el apalancamiento estatal de los gasoductos de transporte para lograr la demanda y fue un éxito. La única de las 13 capitales principales de Colombia que no clasificó para el plan gas fue Cúcuta y el presidente era cucuteño. Quedamos como un sistema aislado de gas natural dependiendo de pocitos en declinación y con el gas más caro de Colombia.
Con la normatividad sobre el plan indicador de inversiones necesarias para optimizar el sistema de gas natural, se le dio a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) del Ministerio de Minas y Energía la posibilidad de impulsar proyectos como el de Cúcuta, recuperando el daño causado a la competitividad regional, indicando qué proyectos podrían hacerse por cargo estampilla (distribuida la tarifa en todos los consumidores regionales o nacionales). Ante esa posibilidad, inversionistas como TGI del Grupo de Energía de Bogotá manifestaron su intención de hacer la obra y había más interesados. En la negativa política se igualaron las administraciones de Uribe, Santos, Duque y Petro. Cúcuta no se merece ese empujón.
¿Y qué pasaba en lo local? Que los alcaldes, gobernadores y/o altos funcionarios cucuteños de cada gobierno nacional “desviaron” la atención a hacer esa presión política y han jugado a hacer proyectos del “tubo” buscando “cofinanciarlo”, lo cual ha contado con el apoyo “entusiasta” de las autoridades nacionales. Parálisis por análisis.
Esta semana, en la reunión de planeación Cúcuta 2050, la directora de planeación municipal habló de un nuevo estudio para el gasoducto para presentarlo a cofinanciación del gobierno nacional y anunciando que los pozos se agotan rápidamente y que deberá usarse GLP en vez de gas natural, así encarezca el servicio. Además se sustenta en el concepto que todo lo haga el gobierno (el gobierno empresario) y no en buscar las condiciones para que inversiones de capital se logren del mercado. Si el gobierno local se concentrará en lo político y no en lo empresarial, Cúcuta ya tendría gasoducto.
Que después de un cuarto de siglo se oiga el mismo discurso solo por no pelear una decisión política, hace que yo ya me rinda. Es imposible. A nadie le importa no tener una canasta energética nivelada con el resto del país, a nadie le molesta que cada funcionario nacional cucuteño se quiera lucir con sus jefes, a nadie lo toca que Cúcuta sea tratada como una ciudad de tercera; créanme, contra eso es imposible luchar y nos condenamos a la condición de ciudad “intermedia” que nunca exige ni protesta, sino que colabora alegremente con su victimario. ¡Me rindo!
