Las dos últimas semanas se han convertido en un verdadero rifirrafe por la minería y las consultas populares. Por un lado, la ciudadanía reclama su derecho de decidir si permite o no exploración de su territorio y explotación de sus recursos naturales. Por otro lado, los empresarios reclaman su derecho a hacer dinero e invertir en Colombia. Sin embargo, hay otra parte dentro de la discusión: La Corte Constitucional. La entidad judicial se está encargando de las peticiones de las comunidades para que en su territorio se realicen consultas populares sobre explotación minera o petrolera. Para muchos, la Corte se equivoca al aprobar consultas populares y se está convirtiendo en el freno del desarrollo económico. La revista Semana hace parte de este grupo.

En la edición n° 1278, aparece ‘La Corte versus los empresarios’, un artículo que se jacta de ser un informe especial pero en realidad es una columna larga, donde se dice que la Corte tiene en jaque el desarrollo económico de las regiones, por permitir que ellas mismas decidan sobre su futuro. Se equivocan: la corrupción, la falta de inversión y de voluntad política sí están acabando con el desarrollo en las regiones.

La paranoia de Semana sobre la supuesta ola anti sector privado que se vive en Colombia es, no sólo exagerada, sino equivocada. Si bien es cierto que el subsuelo es propiedad del Estado, esta propiedad incluye a los municipios, por lo que la ciudadanía tiene derecho a intervenir. No es una persecución de la Corte contra los inversionistas, sino una preocupación por las comunidades, lo cual hace parte de sus funciones.

Lo que no se entiende es la insistencia en inyectarle combustible a mercados poco atractivos y bastante destructivos (ecológicamente hablando), como el del petróleo y la minería, habiendo infinitas posibilidades para crecer. Generar ingresos a pesar del fracaso petrolero requiere innovación, se necesita buscar opciones y promover mercados no extractivos, sobre todo, cuando la minería tampoco marcha bien y lo único que no se hunde es el oro.

Aunque no guste, tal vez el ambientalismo sea el único capaz de inyectar presión a las mujeres y hombres de negocios para que rompan los esquemas de dependencia económica que Colombia tiene frente a los hidrocarburos. El crecimiento en Inversión Extranjera Directa (IED) en los sectores de manufacturas; servicios financieros y empresariales; y comercio, restaurantes y hoteles, que se ha visto en 2016, debería verse como una oportunidad de diversificación económica y no como un enemigo. No se puede ignorar que estos sectores han tenido inversiones en 2016 por casi el doble de lo que tuvieron el año pasado.

No se le puede endilgar la culpa a la Corte de la caída en la IED, cuando la disminución se debe al retroceso de la minería y el petróleo, por causa del desplome de los precios internacionales del crudo. La Corte hace bien su trabajo, y el llamado de atención no debería ser a la entidad judicial sino a los inversionistas, para que despierten del sueño del petróleo y tomen las oportunidades que se presentan en otros sectores de la economía.

Finalmente, el regaño no debería ser para la Corte, sino para Semana, que está olvidando la mayor parte de argumentos del debate sobre la minería y las consultas populares, por una perspectiva totalmente sesgada. Sólo queda preguntarse: ¿desde cuándo Semana se volvió pro-minería?