Un nuevo choque de trenes deja a las comunidades flotando en medio de la inseguridad jurídica y la falta de mecanismos para hacer valer sus derechos como ciudadanos. Nuevamente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se enfrentan en decisiones de alta envergadura y grandes costos económicos, políticos y ambientales. Primero, la Corte definió que a través del mecanismo de la consulta popular no se pueden frenar ni prohibir actividades mineras (10 oct), y luego, el Consejo de Estado aclaró que a pesar de que los recursos del subsuelo son propiedad de la Nación, en caso de no haber concertación, prima la autoridad municipal (17 oct).

La decisión de la Corte Constitucional anula la consulta popular que tuvo lugar en Cumaral y opaca los propósitos de municipios como San Bernardo de evitar las actividades de exploración y explotación minera en los territorios, con lo que no sólo se favorece a la empresa privada sobre los intereses de la ciudadanía, sino que además le quita peso a la soberanía y la participación ciudadana. Es cierto que el Estado colombiano debe velar por la seguridad jurídica, pero dicha seguridad no puede ser sólo para las multinacionales y compañías petroleras. 

Es cierto que en el país se han adelantado consultas populares que han frenado proyectos extractivos que dejarían regalías de por lo menos 250.000 millones de pesos. Sin embargo, los pronunciamientos de la ciudadanía se han orientado no desde la racionalidad económica, sino desde una perspectiva más integral, que comparó los beneficios económicos con los perjuicios ambientales y en materia de salud. Por eso se dijeron esos ‘no’. 

Los sectores políticos más amigos de la economía extractiva son enfáticos en que el subsuelo pertenece a la Nación y que la autonomía de los entes territoriales en el uso del suelo no es absoluta, queriendo enfocar el debate hacia una discusión ‘Nación VS territorio’, y afirmando que por la voluntad de unos pocos (los ciudadanos de los municipios que han votado las consultas mineras) el resto del país está dejando de aprovechar los recursos de las regalías. El debate no debería ser si los intereses de los territorios pueden o no imponerse sobre los intereses de la Nación, sino si los intereses de la Nación están pensados en concordancia con las consecuencias que dichas actividades traerían a los territorios y sus comunidades. 

Es muy fácil adoptar una postura centralista donde los municipios y sus habitantes tengan que acatar sin objeción alguna todas la minería y explotación que la Nación imponga, aún si estas van en contravía de la vocación económica de los territorios. Lo difícil sería, y ahí es donde se encuentra el desafío, diversificar las fuentes de recursos para la Nación en concordancia con el potencial de los territorios, y sin poner en peligro los elementos naturales del medio ambiente. 

No se trata de crear más mecanismos de participación, sino de hacer garantes los que ya existen y dejar de lado la dictadura minera que se vive en cientos de municipios del país. Fusagasugá lo intentó el domingo pasado. Para cuando ustedes lean esta columna, ya se sabrá si Fusa triunfó o no en el objetivo de virar el timón del desarrollo lejos de la minería, y si el Estado entendió o no, que explorar y explotar petróleo en el páramo más grande del mundo (Sumapaz) es un gran error. 

Esta realidad no es ajena a Santurbán, nuestro páramo, el cual se puede quedar sin protección de continuar con el limbo jurídico en el que flotan las consultas populares sobre la minería, y que de nada serviría la delimitación del páramo (ordenada por la Corte en la sentencia T-361/2017), si de todas maneras se aprobarán proyectos mineros sólo con la justificación de que están en concordancia con los intereses de la Nación, e ignorando las preocupaciones ambientales de la ciudadanía frente a esta región natural donde nacen un sinnúmero de fuentes hídricas.