Los sistemas políticos son fruto, generalmente, del devenir histórico aderezado con la idiosincrasia de sus habitantes y plasmado en las leyes que los congresos logran expedir. Es decir, son una mezcla, a veces confusa, de costumbres, intereses políticos y adaptaciones de instituciones vigentes en otros estados.
La nuestra es un ejemplo superlativo de esta realidad, porque en los escasos doscientos años de vida republicana se han ideado innumerables sistemas políticos y electorales que han dado como resultado una normatividad enrevesada que requiere constantes aclaraciones y cambios.
Sin una diferenciación ideológica, en Colombia existe hoy medio centenar de partidos políticos reconocidos por el Consejo Electoral, además de la posibilidad de que grupos de ciudadanos o personas independientes puedan inscribir candidatos para los diversos eventos electorales. Parece algo inverosímil.
Este sistema se deriva de la Constitución Política adoptada en 1991 que quiso corregir lo que se consideró inconveniente o injusto del anterior régimen y, como ocurre aquí con mucha frecuencia, se exageró en la creación o modificación de numerosas instituciones. Por cierto, lo que se pensó hacer cuando se convocó la Asamblea Constituyente era solamente modificar la Constitución de 1886, pero la Corte Suprema de Justicia decidió darle el carácter de Constitucional y abrió la puerta para la expedición de un estatuto totalmente nuevo.
En lo electoral pasamos de un sistema restringido en el que sólo se reconocía a dos partidos políticos que, con el nombre de Frente Nacional, se institucionalizó en el plebiscito de 1957 con el fin de erradicar la violencia política generada por el enfrentamiento de los partidos Liberal y Conservador.
Era inaplazable sustituir ese limitado sistema por uno abierto en que se pudieran expresar las diversas ideologías y corrientes de opinión, pero se llegó al extremo de simplificar de tal manera la formación de partidos políticos y legalizar otras opciones de participación ciudadana que caímos en un caótico régimen con consecuencias inimaginables:
Los innumerables partidos reconocidos por las autoridades electorales pueden presentar candidatos que no pertenezcan a ellos, mediante la expedición de los nefastos “avales” que se convirtieron en patentes negociables.
Cualquier ciudadano puede presentar su candidatura sin el respaldo de un partido utilizando el expediente de la recolección de firmas de personas que, en muchos casos, simplemente acceden a rubricar sin mucho conocimiento los formularios que les presentan.
Es tal la multitud de candidatos que los ciudadanos difícilmente alcanzan a conocerlos y, menos, a diferenciar sus propuestas de gobierno, si las tienen. Por eso es que la publicidad a través de los diversos sistemas de información va a influir de manera decisiva en la voluntad del elector, sin que tenga la posibilidad de hacer un discernimiento sereno de las diversas alternativas que se le presentan para su escogencia.
Quizás, en medio de tanta confusión, salva un poco la situación el sistema de recolección de firmas que permite a los candidatos entrar en actividad proselitista antes de los plazos que le ley señala para el inicio formal de las campañas electorales. Pues bien, esta es nuestra democracia y en ella tenemos que elegir.
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