Amables lectores: Según revela el periódico, “El Tiempo”, los sistemas de la NASA muestran la metástasis de un cáncer que está destruyendo la tierra y los ríos, en nueve departamentos de Colombia.  Este daño se extiende desde Córdoba hasta el bajo Cauca antioqueño.

El cáncer es la minería ilícita del oro y va de la mano de dragas y retroexcavadoras que en pocos meses convierten en desiertos y en lagunas de mercurio, áreas más grandes que muchos de los centros urbanos de la región.

La fórmula fatal de este arrase de la minería ilegal contra el medio ambiente consta de retroexcavadoras, dragas, mercurio y cianuro.  Las “máquinas amarillas”, llamadas buldózeres, entran a esas lejanas zonas burlando la acción de las autoridades policivas, haciendo uso de autorizaciones dadas por algunos alcaldes municipales, alegando la ejecución de obras civiles que muchísimas veces son solo de papel.

Se alquilan hasta por dos millones de pesos al día.  La capa vegetal es barrida en las áreas donde podía haber oro.  La tierra se lava con agua a alta presión en tolvas de madera donde hay trampas para capturar el oro.  El material pasa por filtros impregnados de mercurio para separar el oro de impurezas.  En algunos casos también se utiliza cianuro.  En resumen “se pesca” oro con venenos.  Estas aguas contaminadas se depositan en lagunas artificiales tóxicas cuyas aguas se caracterizan por un color azul.

Se forman montañas blancas, lo más parecido a paisajes lunares y estas se producen por ser las tierras que recibieron mayor cantidad de mercurio. Están muertas.  Hoy, se calculan en 200.000 hectáreas de ríos y zonas seriamente afectadas por esta actividad minera ilegal.  Solo un 13% del oro extraído cada año en el país proviene de minas tituladas que pagan regalías. El resto que equivale a unos 8 billones de pesos se queda en las organizaciones criminales sin contribución alguna.  ¿Cuál es el beneficio para el país de tanta destrucción y daño ecológico?

Además de este cáncer que se come la tierra y los ríos, existe un gran fraude fiscal con el origen del oro que se comercializa en el país.  En el alto Baudo, Chocó, en los tres primeros meses de 2011 se reportó producción de 1.2 millones de gramos, cuando a diciembre  del 2010, “no se había encontrado en solo gramo en su territorio”.  Pero ¿cómo realizan este fraude?, elemental, compran oro en Panamá y Venezuela con “dineros non santos”.  Lo introducen de contrabando al país con ayuda de comercializadoras, lo hacen aparecer como producido en el “Alto Baudó”, en el municipio de Maceo y en muchos otros puntos de nuestra geografía.   Lo venden a fundiciones y se emiten certificados de exportación, trayendo al país dólares ya legalizados.

Este mismo procedimiento se utiliza para el oro extraído mediante la criminal minería ilegal destructora del medio ambiente, que ya existe en 193 municipios del país manejada por bandidos.  El país para combatir este fraude fiscal creó el RUCOM, registro único de comercializadores de minerales.  Quien comercialice oro tendrá que demostrar donde lo adquirió y de donde proviene.  Es decir su “trazabilidad”. El negocio  “cuasifinanciero” de las casas de empeño será el gran enemigo de este registro único, porque vendiendo el oro como “usado” en joyas y anillos, evitan cualquier control.

¿Qué autoridad responderá a las futuras generaciones sobre la permisividad, con este gravísimo daño ecológico?