En una decisión de esta semana la Corte Constitucional decidió, 5 votos contra 4, declarar que Gustavo Petro, para que pueda aspirar a cualquier cargo de elección popular debe pagar una sanción fiscal al distrito capital por una suma equivalente a 227 mil millones de pesos por un supuesto detrimento cuando fue alcalde de Bogotá. Podría hasta resultar afectada su actual curul de senador. La historia es esta: cuando Petro fue alcalde decidió que el valor del pasaje del Transmilenio en ciertas horas debía ser más barato, con una tarifa más baja para algún sector vulnerable de los ciudadanos, y ahora, la contraloría de Bogotá decide que esa rebaja no era viable, que hubo un detrimento patrimonial, y por ello Petro debe devolver esa astronómica suma si quiere seguir haciendo política. El error de la contraloría es monumental.
Una cosa es que un juez o la contraloría obliguen a los Nulle o a los “ Ñoños” a que devuelvan la plata del carrusel de la contratación de Bogotá, o los dineros de la salud en Sucre, y otra que le ordenen a Petro a que devuelva un dinero en donde no hubo corrupción, que no se robó, y todo lo contrario, por haber tomado una medida de favorecimiento de rebajar pasaje del Transmilenio.
Con esta decisión de la Corte, da igual a decir que hacia los próximos días Petro podría salir del senado hasta tanto no pague 227 mil millones de pesos, y de paso tampoco podría aspirar a la próxima contienda presidencial. De Petro se puede decir de todo: que fue guerrillero, que participó en acciones armadas, que secuestró, que es soberbio y seguramente muchas cosas más, pero de todos modos lo que no se puede desconocer, es que el M -19 se reinsertó, le apostó a un proceso de paz en los años 90, y en razón de ello algunos de sus ex combatientes han tenido importante figuración política. Navarro Wolff ha sido Gobernador de Nariño, congresista y ministro.
Petro, muy a su estilo, ya ha señalado que llevará su caso a instancias internacionales y ya comenzaron a través de sus seguidores a hacer movilizaciones; el viernes pasado se anunciaba que llegarían a la plaza de Bolívar. Finalmente, Petro obtuvo más de 8 millones de votos en las pasadas elecciones y su capacidad de movilización es importante y nada oportuna para el momento que vive el país. Incluso aquí viene un tema político que no puede pasar inadvertido para un político sagaz y hábil como Petro: ¿Hasta dónde podría este último aprovecharse de esta decisión de la Corte, y empezar por todo el país a organizar movilizaciones y arengas en todas las plazas públicas y presentarse ahora como víctima y “sacarle jugo” a esta riesgosa decisión?
Dicho en otros términos, ahora que la implementación del proceso de paz sigue en vilo, esta decisión judicial bien podría es colocar otro contrapeso en esa frágil balanza de la paz en Colombia, y los enemigos del proceso podrían llegarla a presentar como otro argumento más “de que los estamentos en Colombia le están haciendo conejo a la paz”. Es decir, ahora que tenemos cada vez más un país protestando en las calles, estudiantes, maestros, los que se quedaron sin salud, las víctimas, lo que nos faltaba a Colombia es que vengan las protestas en favor de Petro. De paso, esta decisión de la Corte podría es crear un efecto político insospechado: es legitimar a Petro como líder de la oposición y de paso, muy pronto, es volverlo candidato a las elecciones a la presidencia dentro de 3 años.
No es fácil desconocer los 8 millones de votos que tuvo Petro en las pasadas elecciones, pero con esta decisión de la Corte se abre un peligroso espacio de confrontación política en el país, peligroso e inoportuno, pues para los graves problemas que hoy en día vive el país, sumarle una protesta y movilización permanente en favor de Petro, hasta que pague 227 mil millones de pesos, es como incendiar socialmente a Colombia.
