Todos los planes de desarrollo en Colombia desde hace décadas definen como su principal propósito la lucha por la equidad. Y tienen razón. Colombia aún ocupa un deshonroso lugar entre las sociedades más inequitativas del mundo y de este continente. Países como Perú, Ecuador o Panamá tienen mejores indicadores en materia de igualdad social. En los últimos 10 años mejoramos sin duda en materia de lucha contra la pobreza al bajar de cifras del 49.7% al 36% entre el 2009 y el 2017, es decir, casi 4.7 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria en ese periodo. Sin embargo, en relación con la equidad seguimos estancados. El coeficiente Gini que la mide se encontraba en 0.56 en el 2010 y se redujo a 0.508 en el 2017, disminuyendo de manera importante pero insuficiente. Francamente vergonzoso, incluso cuando se compara con los países vecinos. No hay realmente desde el punto de vista de ordenamiento territorial, política tributaria o de gasto público, acciones coherentes para combatir la desigualdad.
Desde el Salto Social de Samper, pasando por la Seguridad Democrática de Uribe, hasta Paz, Equidad y Educación de Santos, los distintos planes de desarrollo han abordado en teoría este déficit en materia de igualdad social y cada uno ha logrado ciertos avances, sin que el resultado integral sea satisfactorio. Es cierto que con el Sisben, Familias en Acción o Ser Pilo Paga, avanzamos en cobertura en salud, aumento de ingresos para los más pobres o una mejor educación para todos. Pero el sistema tributario actual que privilegia a los más poderosos y castiga las clases populares y medias, y un gasto público inflexible, ineficiente e injusto en términos territoriales, nos mantiene en cifras penosas en relación con la igualdad.
Por ello, no sorprende que nuevamente un gobierno proponga como gran objetivo de su plan de desarrollo la equidad. Y todos compartimos este desafío que es esencial para consolidar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional. Lamentablemente se queda en la teoría y cuando se revisan en concreto las políticas públicas y el plan de inversiones contemplado en el proyecto presentado al Congreso, queda claro que en lugar de avanzar hacia una mayor equidad social, retrocederemos en los próximos cuatro años.
La eliminación de los subsidios para la tarifa de energía al estrato 3 y su reducción para los estratos 1 y 2, el aumento de las cotizaciones en salud y pensiones para los trabajadores independientes, el castigo a la clase media de la última reforma tributaria, la ausencia de una política rural que beneficie al campesino, el pobre presupuesto para el campo y la distribución del gasto público con los mismos criterios de siempre, demuestran que el cacareado Pacto por la Equidad es solo un saludo a la bandera y seguiremos en deuda con los sectores más vulnerables del país y con los territorios olvidados, en los que se abandona la idea de concentrar los esfuerzos de implementación de los acuerdos de paz.
Y la mayor demostración de la regresividad social que contiene el PND de este gobierno es en relación con las víctimas del conflicto que en los últimos años ganaron derechos gracias a la Ley 1448. Las pobres metas en materia de indemnización, la inexistencia de las mismas para la restituir tierras y el evidente desgano del gobierno con respecto a las medidas de reparación integral, demuestran que no fue casualidad el nombramiento de un director del Centro de Memoria Histórica que desconoce el conflicto armado. Este gobierno cree realmente eso y por tanto las víctimas no tienen derechos sino son objeto de limosna por parte del estado.
Regresamos a la teoría de que en Colombia no hay desplazados sino “migrantes internos”. Un verdadero triple salto al pasado que nos lleva a que se contemplen para los próximos cuatro años metas inferiores en más de un 50% en indemnización con respecto al gobierno anterior. Y sin duda la omisión en materia de restitución de tierras indica que se buscará frenar el proceso de devolución a campesinos despojados, sin necesidad de aprobar la ley presentada por el Centro Democrático para acabar con esta política. Afortunadamente en manos de los jueces hay decisiones sobre más de 700.000 hectáreas por restituir que no se pueden reversar.
En fin, la retórica de la equidad en el Plan no se traduce en medidas concretas ni presupuesto para conseguir efectivamente que derrotemos la desigualdad social que nos afecta desde hace décadas. Y resulta triste que frente a la población que merece mayores acciones afirmativas por razones éticas, como son las víctimas del conflicto, este Plan retroceda en garantía de derechos y se muestre indiferente e indolente con quienes han sufrido con mayor rigor la violencia.
