Si se acuerda que la planificación debe ser metropolitana, como se expresó en la columna anterior, el ente correspondiente debe ser un rector de ella pero con real poder de decisión. Metropolitanizar realmente es un escollo muy fuerte por superar pues ya vemos que los políticos profesionales están tratando de atomizar más el área metropolitana para que ese deshuese la haga más practica para la “acción política”: tenemos los ejemplos del municipio de Atalaya y el régimen de alcaldías locales en Cúcuta. Y esto nos trae a una realidad que hace aún más importante la convocatoria: este es un plan que requiere discusión social, convencer al ciudadano de sus bondades, porque solo ellos pueden cambiar las cosas. Los programas hechos en cofradías no sometidos al debate público no pasan de ser un canto a la bandera y un documento al que sus creadores piden adhesión.
Un segundo tema central para definir es si la ciudad metropolitana se adscribe a la democracia liberal donde el ciudadano es el centro del estado y a la economía de mercado, o se quiere profundizar el estado colectivista donde éste será el “dador” del desarrollo. Esta concepción está en el centro de la frustración constante de las ciudades en Colombia, con un caso extremo en Cúcuta. Los gobiernos locales usualmente hacen “proyectos” que se llevan a Bogotá para que nos los financien, “aprovechando” que tenemos un cucuteño en un ministerio, viceministerio, dirección de instituto descentralizado, magistrado o parlamentario presidiendo el Congreso; esto lo hemos visto por décadas y décadas y cada período es una frustración más, pues con un estado “gastón” como el colombiano no queda plata para inversión y los funcionarios cucuteños en el gobierno nacional buscan sostenerse, lo que solo se logra siguiendo la “política centralista”.
Pero lo grave es que esta visión tiene otra cara que es aún más peligrosa y es el convertir la economía de mercado en “capitalismo salvaje”, enemigo del “pueblo” en el lenguaje “progresista” que nos copó. Olvidando que Cúcuta se hizo ciudad de la mano de la inversión privada, ahora y a pesar de ver la “haitización” de Venezuela “creemos” que la salida es más estado. Pocos saben que la sociedad del tren, la infraestructura que desarrolló a la ciudad en la primera mitad del siglo XX era una sociedad privada por acciones, incluso con inversionistas internacionales (los maracuchos). Y ya sabemos lo que pasa con las empresas públicas locales; basta leer la historia de la EIS o la Central de Transportes. Los izquierdistas atacan la inversión privada en servicios públicos por su privatización, olvidando éxitos como el de la inversión privada en la distribución de gas natural en Colombia que en una generación logró cubrir el país (Cúcuta es un caso “especialmente anormal”). Y no hay nada más privatizado que el presupuesto nacional: cada entidad del estado es “propiedad” (sin inversión) de un parlamentario y lo más impresionante es que a la gente eso le parece “normal”.
Buscar atraer capital privado para inversión en infraestructura deberá ser el vector que oriente el programa de gobierno; eso nos permitirá pasar de la visión centralista del estado a su visión descentralizada. Pero atraer un recurso escaso como es el capital por el que compiten muchas ciudades a nivel mundial requiere que tengamos una estrategia institucional de ciudad que no nos amarre las manos: buscar la condición de región especial descentralizada que permita hacer planeación de “abajo hacia arriba”, contraria a la frustrante planeación de “arriba hacia abajo” de la concepción centralista.
El capital privado se atrae estructurando proyectos con parámetros internacionales, los cuales deberán ofertarse en los mercados internacionales de infraestructura, que existen, para lo cual se requiere crear un ente técnico que puede tener capital público pero donde la mayor parte sea capital privado que permita contratar personas de alta competencia. Estructurar proyectos de perfil internacional es una inversión que cuesta pero que se recupera con ganancia.
