“Cuando el mundo sea libre la política será una canción”.

Walt Whitman

Es lacerante el repaso de la violencia en la historia de Colombia. Es un acontecer recurrente para la protección de intereses de quienes se han apoderado de las fuentes de riqueza en función de su particular beneficio. Lo cual tiene un trasfondo político que pone en evidencia la trama utilizada en esas operaciones consumadas casi siempre con cálculo de avaricia.

La violencia se ha empleado en el país como fuerza de conquista cuando los españoles arribaron a estos territorios habitados por indígenas organizados como comunidad libre de imposiciones externas. A eso siguió un colonialismo hostil para consolidar el poder imperial de España, con todas sus operaciones de rapiña. Fue la limitación de las libertades y los derechos con abierta represión.

Más tarde abrieron espacios las guerras civiles atizadas por los nacientes partidos, o los terratenientes dedicados al acaparamiento de la tierra, con despojo a los campesinos de su legítima propiedad.

La metamorfosis de la violencia ha alcanzado diversas variables, pero en la mayoría de los casos se mantiene la intención política con finalidad utilitaria. Hasta para amparar la corrupción, fortalecer el narcotráfico, favorecer causas electorales, imponer clientelas burocráticas o adueñarse de bienes ajenos. Es el poder aplicado a esos fines, sin importar el deterioro que con ello provocan a la nación.

En la etapa actual la violencia continúa provocando desgarramientos de profundidad. Es la recurrencia de lo que estalló hace más de 50 años, pero con adiciones desmesuradas y con el consentimiento de quienes tienen el manejo de la nación desde el Gobierno. El derecho a la vida y a la paz consagrado en la Constitución no se cumple, como lo evidencia el errático manejo dado al acuerdo con las Farc. A lo cual hay que sumar la cotidiana repetición de los crímenes cometidos contra líderes sociales, excombatientes de las Farc, ambientalistas, comunicadores, defensores de derechos humanos, dirigentes de organizaciones sindicales y campesinas. De esa atrocidad no se han salvado ni los niños, exterminados en bombardeos militares varias veces. Es un linchamiento al cual se le pone poca atención, como si esa proliferación de víctimas hiciera parte de una cacería oficial.

Si el gobierno tuviera voluntad de paz no habría arruinado el acuerdo con las Farc, que fue un hecho de alcance histórico. De haberse continuado ese proceso no solamente la implementación de lo alcanzado se hubiera fortalecido, sino que se estaría en una etapa más avanzada, posiblemente con la desmovilización de grupos armados todavía dedicados a generar violencia.

La violencia arruina muchas de las posibilidades que tiene el país de avanzar en lo económico y en lo social. Le resta capacidad a la democracia y surte un ambiente de pugna y de odio, contra el espíritu de solidaridad que debiera predominar en la tarea de sacar a Colombia de tantas estrecheces y miserias.

Deben los colombianos asumir como tarea prioritaria la causa de la  paz, llevando a los armados al convencimiento de que ese es un derecho sin exclusión.

Puntada

Agregarle a la pandemia del covid-19 una guerra es el envilecimiento del poder por parte de los gobernantes comprometidos en tan absurda aventura.

ciceronflorezm@gmail.com

cflorez@laopinion.com.co