Este Gobierno ha tenido graves problemas de comunicación desde el inicio de su mandato. Un ejemplo de ello fue el anuncio presidencial de que cientos de jóvenes detenidos por participar en las protestas del año pasado serían declarados gestores de paz antes de nochebuena. Días después los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa dieron declaraciones confusas que generaron aún más dudas para la prensa. Aprovechando que el decreto ya está publicado -el cual sugiero consultar-, planteo algunas preguntas al respecto.

Si no es un perdón de los delitos, ¿qué pasará cuando acabe este Gobierno y el próximo decida, eventualmente, enviarlos de regreso a la cárcel modificando el decreto? ¿No debería discutirse este tema en el Congreso para evitar que de un plumazo estas personas queden en un limbo judicial? Esto es un problema de validez de las normas jurídicas.

Si es una simple suspensión de capturas, ¿qué pasará con los que tienen una medida de aseguramiento y los que ya fueron condenados? Esto es un problema procesal y de fundamentos del Estado de derecho.

Si el Gobierno pretende liberar a los integrantes de la Primera Línea, ¿qué pasará con otras personas que no hacen parte de esta y fueron capturados durante la protesta? ¿También podrán ser voceros de paz? Este es un problema de igualdad.

Si el trato que se les dará es de voceros, conforme a la Ley de paz total, ¿representarán a algún grupo armado al margen de la ley o al Gobierno? Si representarán a un grupo armado, ¿algunos de estos jóvenes ya cuentan con el consentimiento de esos grupos? Si representan al Gobierno, ¿harán parte de los acercamientos, conversaciones y negociaciones junto con el equipo oficial? Esto es un problema de comunicación.

Si el decreto busca implícitamente corregir arbitrariedades, ¿qué pasará con otros jóvenes que fueron capturados durante las protestas y fueron inmediatamente liberados por ausencia de pruebas? ¿También podrán ser voceros de paz? ¿No existen acaso otros mecanismos jurídicos para corregir los abusos en los que se pudo incurrir? Esto es un problema de justicia, de igualdad y de proporcionalidad.

Si alguna de las personas detenidas cometió graves delitos y un grupo armado insiste en que este haga parte de las conversaciones, ¿el Gobierno se negará rotundamente a nombrarlo vocero de paz, tal  como afirmaron los ministros? Esto es un problema de las concesiones en la búsqueda de la paz.

Si el decreto no habla de la Primera Línea en particular -como en efecto sucede-, ¿cómo podría una persona del común postularse a ser vocero de paz en nombre de un grupo social representativo? Esto es un problema de legitimidad.

Si algunas de estas personas fueron capturadas por estar cometiendo hechos violentos, ¿el salto entre la cárcel y la gestión de la paz no debería estar mediada por un proceso de verdad, reparación y garantía de no repetición? Esto es un problema de justicia restaurativa y de una sociedad que aspira a expulsar la violencia del sentido común.

Se puede discutir la validez de liberar a ciertas personas privadas de la libertad que cumplan un rol esencial en la búsqueda de la paz, pues de eso se trata la democracia. Sin embargo, hay que recordar que al proceso de paz con las Farc le hizo mucho daño la ausencia de una comunicación efectiva a la sociedad de lo que significaban esos acuerdos. El Gobierno está obligado a corregir a tiempo tantas torpezas cometidas en la búsqueda de sus objetivos.