Amables Lectores: La estrategia número uno en el control de gastos de la administración pública, es la priorización de los mismos.  Las comunidades y la clase política presionan al ejecutivo sobre “la  urgente necesidad”, de dar trámite positivo a sus solicitudes porque para ellos, todo está definido, para que se cumplan, por ser estas “las más importantes”.

Para gastar más es indispensable tener mayores ingresos. El actual gobierno hace un gran énfasis en la inversión privada.  Se busca con esto, una justificación a la reducción en la tributación a la renta de las empresas privadas, para poder generar con menores ingresos tributarios, un mayor crecimiento económico y multiplicar la generación de empleo, como contraprestación de la empresa privada.

Complementario a lo anterior el estado deberá reducir la evasión tributaria, haciendo uso de medidas administrativas muy concretas, priorizando con eficiencia el control de gasto público.

La tradición ha sido realizar reformas tributarias en cascada, una tras otra, pero sin mayor énfasis en la priorización y control del gasto público. La estrategia del actual gobierno, según lo manifiesta Roberto Junguito, exministro de hacienda, se apoya en la reducción de la deuda pública, conla priorización de programas sociales y la sustitución de pasivos que hoy tienen un alto costo financiero. El gasto deberá ser eficiente y evitarse las duplicidades de inversión en las entidades del estado.

Como ejemplo hoy todos construyen megacolegios: La Nación, los departamentos, los municipios, las juntas de acción comunal con recursos de regalías pero nadie se preocupa de su dotación y menos del nombramiento de maestros que trabajarán en esas nuevas aulas. Parece que lo más rentable políticamente sea pegar ladrillos. Igual sucede en la educación superior.

Para el próximo año las entidades estatales deberán revisar cuidadosamente sus presupuestos de egresos para operar eficientemente con  menores recursos presupuestales de transferencias de la nación.  Ya planeación nacional advirtió de lo anterior a la JEP y a las otras entidades que integran el sistema de justicia transicional.  Así se hará con todas las organizaciones que reciben recursos del presupuesto nacional.

El ejecutivo debe ser claro no solo en las cifras del déficit fiscal sino también en qué manejo le dará a las finanzas públicas para superarlo.  El gobierno habla de vender activos productivos, caso concreto, un porcentaje de su participación en Ecopetrol, contabilizando estos recursos, originados en las ventas, como ingresos corrientes para reducir el déficit.  Según Guillermo Perry (q.e.p.d.), ex ministro de Hacienda,  “esto sería una forma de financiar el déficit público pero no reducirlo”.

No se puede vender la fábrica para pagar el sueldo a los empleados, ni vender,  la casa para hacer mercado. Los dineros de la venta pasada de ISAGEN, se utilizan para financiar “nueva estructura pública” y no para pago de deuda. Esto fue idea de los presidentes Duque y Uribe en el momento de esa venta, por eso pedimos, tener hoy coherencia.