Nuestro flamante presidente, según sus palabras, como medida para controlar la corrupción en el sistema electoral por la injerencia de dineros privados en las campañas políticas, propuso públicamente que estas se financiaran, exclusivamente, con dineros estatales. Si no lo hubiésemos visto en directo en televisión y escuchado en otros medios de comunicación diríamos que es un chiste de esos que inundan las redes sociales. Tanto así, que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se apresuró a corregir a su jefe, indicando que la propuesta financieramente no era posible. Adornó lo dicho por el primer mandatario, para no desautorizarlo por completo, manifestando que solamente se podían financiar campañas económicas. Y como no hay campañas económicas, definitivamente no  es viable. Ese dinero, que son muchos millones de pesos, se tiene que  invertir en obras públicas sociales y no en la vagabundería en que se ha convertido el ejercicio de la politiquería. Además de cristalizarse esta propuesta sería el abrebocas de una nueva reforma tributaria para tapar un nuevo hueco fiscal por cuenta de los gastos en las campañas. ¿Cómo se iría a controlar  este gasto como actualmente está diseñado, que cada candidato invierte sumas astronómicas para hacerse elegir, pero igualmente esos dineros no se registran en las cuentas que se presentan ante la Organización Electoral? Mamola. No hay forma y lo que se hace es premiarlos con los dineros del Estado para un mayor desequilibrio con los que no cuentan con semejante financiación. Me parece más un sofisma de distracción del señor presidente, arrinconado por el escándalo de los sobornos de la firma Odebrecht en Colombia que ya empieza a tocar congresistas y funcionarios del  actual Gobierno. Nuestro sistema democrático es muy precario, si nos basamos en los resultados electorales pretéritos donde escasamente el 50%  de la población figura como votante de los cuales un alto impreciso de votantes han fallecido o las cédulas dadas de baja por cualquier otro motivo pero que figura en los registros electorales como participantes del proceso. Es una verdad de Perogrullo, que ese 30 o 40% de votantes conformadas esencialmente por clientelas, son las que perpetúan a los profesionales de la política en sus cargos. Todo con base a un interés directo expresado en prebendas materializadas en dinero, puestos de trabajo, contratos obras públicas, proveedurías etc. etc. Si se quiere sanear un poco el ejercicio de la política, deben  los mismos políticos, que lo dudo, aprobar mediante reforma constitucional el voto obligatorio. Esos indiferentes, los jóvenes y los hastiados de la politiquería obligados a cumplir con el deber constitucional de elegir se acercarán a las urnas el día de elecciones a designar a los que consideran las mejores opciones libres de motivación alguna diferente  a su buen criterio. ¡He dicho!