La seriedad del trabajo de la autoridad que garantiza la transparencia de los resultados electorales sostiene la arquitectura del sistema político. La tradición de confianza en la Registraduría Nacional del Estado Civil se ha consolidado como un bien público que mantiene la convivencia democrática y permite que la competencia política conserve sentido. 

Permanece, como contraste, la imagen de Tibisay Lucena desde Caracas en cada cierre electoral del país vecino, al pronunciar la sentencia que clausuraba cualquier expectativa de cambio y que se convirtió en emblema de esas transmisiones televisivas: “la tendencia es irreversible”. Una frase que descendía como un dictamen definitivo, que consolidaba la continuidad de un régimen que aprendió a sostenerse desde la corrupción del sistema electoral, entre Miraflores y El Helicoide. 

La voluntad popular se expresa en los votos que permiten una medición objetiva de la decisión colectiva y no a través de multitudes prefabricadas que se agitan en las calles, como lo propone el neomarxista italiano “Toni” Negri, quien no se sonroja al afirmar que la representatividad no es democrática. Muy al contrario, la democracia pende de una medición objetiva que sostiene la legitimidad del proceso electoral y que otorga al árbitro la responsabilidad de custodiar un registro que pertenece a toda la nación, porque contiene el mapa de su futuro. 

Nuestro país atraviesa una etapa marcada por mensajes de algunos que exaltan la desconfianza en las instituciones para intensificar la división que solo a ellos conviene. Se difunden afirmaciones que buscan convertir la sospecha en hábito y transformar la incertidumbre en clima permanente. La desconfianza se instala, así, como método de acción política y se trata de proyectar sobre la entidad encargada de organizar el proceso electoral. 

La conversación pública experimenta un desplazamiento profundo: la discusión sobre programas, capacidades y rumbos de gobierno pierde densidad, y la atención se dirige hacia la idea de que el procedimiento electoral se encuentra bajo amenaza constante. La política adopta un registro emocional que privilegia la sospecha y reduce la calidad del diálogo democrático; un registro que otorga al árbitro un protagonismo involuntario. 

Sin duda, sostener la confianza en la Registraduría fortalece la democracia. La entidad soporta un sistema que ha brindado, desde su creación, garantías a todos los actores políticos y que debe inspirar respeto en cualquier circunstancia, puesto que la transparencia de su labor sostiene el deber ciudadano de que el resultado electoral sea aceptado sin reservas. Su gestión ha sido tan transparente que permitió que quienes ahora la cuestionan llegaran al poder. 

La Registraduría es el centro de gravedad confiable de la democracia colombiana. Es el árbitro que sostiene la posibilidad de que el veredicto de las urnas funcione como sustento de la legitimidad política; una posibilidad que se mantiene viva en la medida en que el país preserve la serenidad necesaria para distinguir la emoción pasajera de la multitud —que desciende de los buses fletados hacia las plazas públicas— y la decisión silenciosa del voto, que definirá el rumbo de Colombia con la fuerza tranquila de lo que permanece. 

Por eso, hoy más que nunca, es necesario proteger al árbitro.

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