Al expedirse el Alto Legislativo 02 de julio de este año, se marcó definitivamente, la pérdida de autonomía e independencia de la justicia, léase Rama Judicial.
Uno de los fines primordiales era acabar el Consejo Superior de la Judicatura, que era el ente encargado de orientar la distribución y estudiar las necesidades de la rama dentro de las precarias condiciones en que funciona por tener un presupuesto exiguo.
Con ese acto legislativo se creó la presunta panacea del Gobierno Nacional, el denominado Consejo de Gobierno Judicial, que ha merecido un rechazo contundente de los servidores de la justicia, por ser manifiestamente contrario a la independencia y autonomía de la Rama Judicial y perder su categoría como orden tripartito de la organización de un país, como debe ser la Rama Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial.
Es vergonzoso que ese fruto de la improvisación y ánimo de politización de la justicia colombiana, sea tan cuestionada, suspendiéndose inicialmente la designación del representante de jueces y magistrados y ahora se suspende a los tres representantes elegidos por el Consejo de carácter permanente y dedicación exclusiva a ese órgano.
Significa lo anterior, que continuará operando, para beneficio de la justicia, por un tiempo, el Consejo Superior de la Judicatura, ojalá con ánimo sereno y que le permita adoptar las medidas más urgentes para una verdadera justicia.
Se terminó la época de los juzgados de descongestión y pese a que se crearon varios juzgados permanentes, después de más de 24 años de no crearse ninguno bajo esa condición, la verdad, queda un sabor amargo, pues, bienvenidos sean, más, lo duro es que la mayoría de los pocos cargos dados al Distrito Judicial de Cúcuta fueron de índole penal.
Con un presupuesto tan bajo, a duras penas se medio satisfacen las necesidades de la justicia, que ve con preocupación, como ingresan demandas y denuncias por cifra superior a los 4 millones anualmente, lo que impide pese al esfuerzo de jueces y empleados, nivelar esa carga, como sería lo ideal.
Ojalá prospere esa iniciativa de la revocatoria del Acto Legislativo Nº 002, para plantear un Referendo donde se conozca por la ciudadanía colombiana la serie de desventajas que genera para la administración de justicia ese acto, contrario a la majestuosidad, independencia y autonomía de la Rama Judicial.
Si queremos una justicia operante, menester es, darle a la misma, su independencia, su autonomía y buscar concertadamente con los estamentos judiciales, una verdadera reforma que llegue al corazón de los colombianos, pero, con seriedad, con análisis meticuloso de las fallas estructurales de la mima y no que quede bajo un poder omnímodo de un gerente que sea manejado desde las altas esferas del gobierno, en detrimento de la justicia en sí, que es una necesidad imperiosa para cualquier nación, que se respete y otorgue a ella las herramientas y mecanismos que realmente requiere para hacerla fuerte y sana.
Me parece preocupante, que ningún colegio de abogados, ni universidad con las facultades de derecho a la cabeza se hayan pronunciado sobre tan inquietante tema, siendo alertados esos estamentos, por los propios jueces, magistrados y empleados de la rama, que han tomado como bandera propia la causa de la revocatoria del acto legislativo mediante un Referendo. Molinares deberá presentarse en febrero en Palmira, al primer campamento con la selección nacional.
