Tras no llegarse a ningún acuerdo entre los delegados del gobierno y los representantes de la clase trabajadora, el presidente Juan Manuel Santos fijó por decreto el salario mínimo mensual para este año en $ 689.000, equivalente a 208 dólares. El ajuste es de 7 por ciento, cifra superior a la inflación del año anterior (6.77%).
Dentro de este proceso constitucional de ajuste salarial, el primer mandatario decretó un incremento de 7.77 por ciento para los 1.1 millones de empleados públicos.
Al exaltar la labor de los maestros para llegar a ser el país mejor educado en América Latina y resaltar que necesitamos profesores mejor preparados, mejor remunerados y más admirados, el presidente les autorizó un reajuste salarial de 9.77 por ciento, tres puntos por encima de la inflación. La nómina anual para este sector pasó de $ 13 billones a $ 14.3 billones. De acuerdo a la proyección oficial, se estima que en 2019 este sector tendrá un incremento de 12 puntos por encima del resto de trabajadores del sector público del país.
Pero mientras los docentes y empleados públicos celebran tan merecido reconocimiento, los más de 1.7 millones de trabajadores que dependen del salario mínimo cada vez se muestran más inconformes por el injusto trato recibido por parte del gobierno. Y, hay suficiente razón, pues según el DANE, la inflación para los estratos bajos subió 7.26 por ciento, superior al reajuste recibido.
En los estratos 1 y 2, que representan el 45 por ciento de la población, el rubro que más subió fue el de los alimentos (10.85%). En estos estratos los alimentos representan el 34 por ciento, mientras en los altos (10 % de la población), apenas es el 18 por ciento.
Como se puede concluir, La inflación como resultado de la escasez, la devaluación, el Fenómeno de El Niño, la baja en las exportaciones, especialmente del petróleo, y la consecuente desaceleración, golpea más a los estratos bajos, por la composición de la canasta básica. Esta fue una de las razones para que la inflación no se siguiera calculando por estratos, como durante varios años se hizo, pues esto beneficiaba a la clase trabajadora a la hora de negociar el salario mínimo. Ahora lleva todas las de perder.
Y si se aplica el IVA del 5 por ciento a los útiles escolares en la reforma tributaria, de acuerdo a la propuesta de la comisión de expertos, la deserción estudiantil puede aumentar y muchos niños de los estratos bajos no recibirán los beneficios de la reforma educativa.
La pregunta que cobra fuerza es ¿Ahora, quién podrá defenderlos?
